El campo tacha de «injustificable» que Planas no intervenga el precio del aceite tras un mes vendiendo a pérdidas

El sector olivarero español vive sumido en la más absoluta incertidumbre desde que el pasado uno de octubre el ministro de Agricultura, Luis Planas, anunciara que España producirá un 23% más de aceite (con respecto al curso anterior) esta campaña y, acto seguido, pospusiera hasta la primera quincena de noviembre la decisión de intervenir o no los precios; es decir, de aplicar la orden ministerial que, en virtud de un reglamento de la Unión Europea, le permitiría obligar a las empresas a retirar hasta un 20% de su ‘stock’ del mercado para así forzar la cotización al alza.

Esta decisión —sería la primera vez en la historia que se toma— podría salvar las cuentas de miles de explotaciones, pues lo cierto es que el precio que viene mostrando el oro líquido desde que empezara la campaña (el uno de octubre) no cubre ni siquiera los costes de producción, y precisamente por eso las organizaciones agrarias llevan días exigiendo al Ministerio de Agricultura que se olvide de su calendario y ejecute la orden de marras «cuanto antes». En un comunicado conjunto publicado este martes, Asaja, Coag, Upa y Cooperativas Agroalimentarias —la organización más representativa del cooperativismo en nuestro país— tachan de «injustificable» la «falta de celeridad del Ministerio» en un contexto de exceso de ‘stock’.

Los datos avalan esta opinión, pues según la última oleada de la estadística de precios publicada por el Ministerio -relativa a la semana laboral del 5 al 10 de octubre-, actualmente los olivareros están cobrando 313 euros por cada cien kilos de líquido, una cifra que está un 54,43% por debajo de la media de las dos campañas anteriores.

Como ya se ha avanzado, estos valores no superan la suma de los costes de recolección, la mano de obra y los otros trabajos que se deben realizar a lo largo del año. Tampoco el virgen extra ha logrado salvarse de este ‘rally’ bajista, pues actualmente cotiza en los 3,20€ el kilo, un valor que, según fuentes del sector, equivale a decir que los productores pierden dinero en cada viaje que hacen a la almazara.

Hasta aquí, no se ha contado nada que este año no les haya sucedido a los agricultores de cereal, cebolla o arroz, pues es de sobra sabido que la venta a pérdidas es uno de los problemas más recurrentes del sector primario. Sin embargo, lo que hace distinto al olivar es que la legislación española dispone de una norma que autoriza al Gobierno a tomar cartas en el asunto por una vía expeditiva.

Se trata del Real Decreto 84/2021, un texto aprobado hace ahora un lustro por el actual Ejecutivo apoyándose en un reglamento comunitario —el Reglamento (UE) n.º 1308/2013— que permite restricciones puntuales de la oferta por parte de los Estados. Hasta aquí la teoría, pues lo cierto es que la posible aplicación de esta ley genera más dudas que certezas debido a su alcance, pues contempla la retirada de hasta un 20% de la producción nacional, una operación que se promete difícil de llevar a cabo por su complejidad —¿afectaría a todas las almazaras por igual?—, sin que unos se vean más perjudicados que otros.

Además, sería la primera vez que el Gobierno llega tan lejos. Entre 2022 y 2024 la norma permaneció escondida en algún cajón de la sede del Ministerio (por aquellos años la crisis era de oferta) y en 2025 el Ejecutivo estuvo a punto de hacerla valer, aunque finalmente no hizo falta, ya que la cotización del oro líquido remontó una vez iniciada la campaña.

Este año, en cambio, todo parece indicar que se cumplen los requisitos para restringir la oferta y, a pesar de ello, Planas sigue sumido en el más absoluto silencio y aferrado al calendario original, que pasa por decidir en noviembre. Según explica a este periódico Rafael Sánchez de Puerta, presidente de la sección del aceite de Cooperativas Agroalimentarias, en su organización están molestos no solo por el tiempo que se ha perdido desde el uno de octubre —consideran que ya entonces debería haberse tomado la decisión—, sino también por la inseguridad jurídica que genera el hecho de no saber si habrá restricción de la oferta o no.

Las que también viven en un mar de dudas son las industrias, que desde el principio han advertido al Gobierno contra la tentación de aplicar el Real Decreto (alineándose con la postura de la CNMC). En opinión de Rafael Pico, presidente de la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva, una subida artificial de los precios restaría competitividad al sector frente a sus competidores en otros países.

Para Asoliva, que asegura que «comparte» el objetivo de «proteger la rentabilidad y el valor del aceite de oliva», la respuesta que se necesita es «de largo plazo», centrada en crear valor, abrir nuevos mercados y ganar en competitividad.

Enfrente tienen a las cooperativas y a los agricultores, que en el comunicado conjunto publicado ayer aprovecharon para cargar contra la industria al opinar que su planteamiento descansa en un afán por «comprar lo más barato posible y presionar los precios a la baja».