Giro de 180 grados: todo va a cambiar en el pago de estas pensiones

Muchos españoles que están cobran estas retribuciones no son conscientes de que todo va a cambiar en el pago de estas pensiones. En concreto, las pensiones de viudedad y orfandad van a sufrir una reforma que puede ser de las más importantes y relevantes de los últimos años. Es decir, la Seguridad Social pretende modificar la forma en la que se calculan estas prestaciones, algo que puede afectar a miles de beneficiarios alrededor de todo el territorio nacional.

Las pensiones de viudedad y orfandad, conocidas como prestaciones por muerte y supervivencia, ofrecen apoyo financiero a los hogares que han perdido a uno o ambos de sus principales sustentos económicos.

Estas prestaciones no solo ayudan a enfrentar el duelo, sino que también mitigan el impacto económico adverso que puede surgir en tales situaciones, a menudo inesperadas.

Todo va a cambiar en estas pensiones

En una reciente comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció que el Gobierno está considerando incluir los años cotizados por la persona fallecida a la hora de calcular la cuantía de las pensiones de viudedad.

Esta medida tiene como objetivo adaptar las pensiones a las nuevas realidades sociales y familiares y a las condiciones socioeconómicas de los que disfrutan de esta prestación. No obstante, a pesar de su finalidad y de que las intenciones parecen positivas, la propuesta ha generado opiniones sobre posibles efectos negativos a la hora de aplicarla.

Algunos expertos han señalado que este cambio podría reducir las prestaciones para los trabajadores con carreras de cotización que han durado menos, algo que puede afectar de forma especial a los más jóvenes.

Sin embargo, el Gobierno también propone proteger las pensiones de viudedad de los mayores de 65 años, ya que considera que, para muchos españoles, es su principal fuente de ingresos.

Así, todo va a cambiar en el pago de estas pensiones. La reforma que pretende realizar la ministra implica que, en lugar de calcular la pensión de viudedad sólo en función de un porcentaje de la base reguladora, también se tendrán en cuenta los años de cotización del fallecido.

Actualmente, la pensión de viudedad se establece generalmente en el 52% de la base reguladora, aunque puede llegar hasta el 70% en algunos casos, dependiendo del tipo de trabajo de la persona que ha fallecido y de la causa de su deceso.

La cantidad dirigida a las pensiones de viudedad en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de España ha ido aumentado significativamente, hasta los 2.100 millones de euros y beneficiando alrededor de 2,3 millones de personas en España.

El problema del gasto en pensiones

Así, la partida destinada a este gasto representa ya el 20% del gasto anual en pensiones de la Seguridad Social, un porcentaje que se ha incrementado un 40% en la última década y que se espera que continúe al alza, especialmente considerando que la mayoría de los beneficiarios son viudos y viudas de edad avanzada, y la generación del Baby Boom está llegando a la jubilación.

Ante este panorama, es crucial reevaluar los aspectos relacionados con las prestaciones del Estado, ya que su sostenibilidad a medio y largo plazo está constantemente bajo escrutinio. Las cifras actuales demuestran la necesidad de un enfoque renovado y cuidadoso en la gestión de estos recursos.

El incremento en el gasto refleja no solo el envejecimiento de la población, sino también la mayor longevidad de los beneficiarios, lo que prolonga el tiempo durante el cual se reciben estas prestaciones.

Con el aumento proyectado de la población jubilada en los próximos años, el desafío de mantener la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones se intensifica. Este contexto requiere medidas estratégicas para asegurar que el sistema pueda seguir proporcionando apoyo sin comprometer su viabilidad futura.

Además de incluir los años cotizados por el fallecido en el cálculo de las pensiones de viudedad, es fundamental explorar otras reformas y políticas que puedan contribuir a un equilibrio más sostenible. Estas podrían incluir incentivos para prolongar la vida laboral, ajustes en las cotizaciones, y un análisis continuo del impacto demográfico en el sistema de pensiones.

Garantizar la sostenibilidad de las pensiones no solo es una cuestión económica, sino también social, ya que afecta directamente la calidad de vida de millones de ciudadanos que dependen de estas prestaciones para su bienestar diario.

Por tanto, es necesario que las autoridades políticas comiencen a tomar conciencia sobre estas circunstancias para que nadie se quede atrás y, mucho menos, para que ningún español tenga que quedarse con el fruto de su trabajo, el que ha mantenido a lo largo de toda su vida laboral.

Es importante tener en cuenta que la Seguridad Social destinó 12.732,2 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas en el mes de mayo, un 6,3% más que en el mismo periodo de 2023, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por ello, todo va a cambiar en el pago de estas pensiones.