Las gasolineras alertan de que restringir el descuento a las rentas más bajas será un caos burocrático

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha anunciado este miércoles la prórroga del plan de choque de respuesta económica a la crisis provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania durante tres meses más. Sin embargo, aún no se ha especificado si se modificarán algunas medidas como el descuento de la gasolina sólo para las rentas más bajas, tal y como han insinuado algunos miembros del Ejecutivo -entre ellos María Jesús Montero y Alberto Garzón-. Un cambio que temen las estaciones de servicio, ya que podría desencadenar en un nuevo caos burocrático en el sector.

Así lo ha denunciado la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) en conversaciones con este diario que han alertado del peligro que puede suponer para el sector nuevo cambios en las medidas adoptadas desde el pasado mes de abril. «Excluir a las clases medias del descuento de 20 céntimos de la gasolina supondrían un nuevo infierno, un nuevo caos burocrático para miles de pequeñas y medianas empresas del sector, que invirtieron importantes cantidades de dinero para adaptar sus sistemas informáticos a la rebaja», aseguran.

«Tememos que el Gobierno de Pedro Sánchez lo vuelva a hacer, que a tan sólo dos días de la entrada en vigor del nuevo decreto, lo cambien e incluyan sólo a las rentas bajas como beneficiarios del descuento de 20 céntimos», confiesan desde la patronal.

Moncloa trabajaba para excluir a las clases medias de la rebaja de los 20 céntimos en el carburante, tal y como avanzó OKDIARIO, y dar cheques a las familias más vulnerables con un aumento de la cantidad hasta 30 céntimos por el importante coste que supone para las arcas del Estado esta medida. Una idea que ha chocado de lleno con la campaña del PSOE para ganar las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio y que ha provocado un nuevo cisma en el Gobierno.

«El propio Ejecutivo sabe que excluir a las clases medias del descuento de la gasolina se convertiría en un gran infierno burocrático aplicando la rebaja en la propia gasolinera o con deducciones en la declaración de la renta dependiendo de los ingresos», explican fuentes cercanas al proceso en conversaciones con este diario.

Sánchez gastará 22.000 millones

El decreto ley, aprobado el pasado 29 de marzo, contiene medidas como el descuento de 20 céntimos a los carburantes, una ampliación de la cobertura y el descuento del bono social eléctrico o el ingreso mínimo vital o la prórroga de las rebajas fiscales aplicadas a la factura de la luz, pero su vigencia temporal caduca el 30 de junio. Prorrogarlo implicará que el Consejo de Ministros apruebe otro decreto ley antes, que después deberá ser convalidado de nuevo por el Congreso de los Diputados.

El Gobierno cuantificó en su presentación del plan en 16.000 millones de euros el impacto del decreto ley, con 6.000 millones en ayudas y rebajas fiscales y 10.000 millones en una nueva línea de créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), lo que sería 22.000 millones hasta septiembre. Además, se extiende el plazo de vencimiento de los ya aprobados y el plazo de carencia para sectores más afectados.

El decreto contiene la principal medida acordada con el sector del transporte, la rebaja de 20 céntimos por litro de combustible repostado, extendida a todos los consumidores, y los 450 millones en ayudas directas. Otros sectores beneficiarios de ayudas son el agrario, el pesquero y la industria, con subvenciones directas para las gasintensivas, una rebaja de peajes en la factura energética y la ampliación de compensaciones por los costes de emisión de dióxido de carbono (CO2).