El Gobierno de Pedro Sánchez ha sumado un nuevo fracaso a su gestión económica frente al coronavirus. Esta vez es la moratoria de los alquileres comerciales aprobada a finales de diciembre, que apenas ha tenido aceptación entre los hosteleros. De hecho, solo un 2% han solicitado esta ayuda, según reconocen fuentes del sector a este periódico. ¿Por qué? Los requisitos que tienen que cumplir los arrendatarios son inasumibles para la gran mayoría.

«Casi nadie puede cumplir las condiciones. Cuando el Gobierno aprobó la norma a finales de año ya dimos por hecho que no iba a tener gran aceptación. Es más, las previsiones apuntaban a que solo lo pediría el 5% de los bares y restaurantes, pero la verdad es que el porcentaje es inferior. Casi la mitad. Ni siquiera las grandes grandes cadenas se han beneficiado de la moratoria de los alquileres», explican otras fuentes.

Las críticas no solo apuntan a su alcance, sino a su efectividad. Los empresarios hosteleros creen que la moratoria no ofrece soluciones reales ni efectivas. «No soluciona nuestro problema de fondo. Nosotros asumimos costes fijos muy altos y márgenes bajos, y con la actual coyuntura económica necesitamos ir más allá. La moratoria de los alquileres es solo propaganda que deja a muchas familias desprotegidas».

Los propietarios de los locales ofrecen bonificaciones, aplazamientos o condonaciones a sus inquilinos

Para los empresarios hosteleros, el fracaso de Pedo Sánchez se confirmará a partir del 31 de enero, que es cuando termina el plazo para solicitar la moratoria. En líneas generales, el Real Decreto Ley 33/2020, de 22 diciembre, establece que en el caso de que el arrendador sea un gran tenedor -10 o más locales-, el arrendatario podrá elegir entre una quita del 50% o aplazar el pago del alquiler hasta cuatro meses después de que finalice el estado de alarma, todo ello siempre que no lleguen a un acuerdo previo. Cuando los establecimientos pertenezcan a pequeños propietarios, solo se puede acceder a determinados incentivos fiscales.

Los empresarios hosteleros creen que la moratoria no les ofrece soluciones reales ni efectivas

La norma también exige que el arrendatario acredite un descenso del 75% de su facturación en el mes natural anterior al que se pide el aplazamiento del alquiler. Ante el fracaso legislativo del Gobierno, los arrendadores y arrendatarios están negociando al margen de la ley. Intentan llegar a acuerdos de buena fe que les permita aliviar y sobrellevar su situación económica. De hecho, en los últimos meses ha aumentado la predisposición de ambas partes para llegar a acuerdos.

Los propietarios de los locales ofrecen bonificaciones, aplazamientos o condonaciones con mejores condiciones -por lo general- que cuando comenzó la pandemia. Inevitablemente también se han resuelto muchos contratos debido al cierre de negocios. La patronal hostelera calcula que hasta 100.000 bares y restaurantes echará el cierre definitivo en los próximos meses.

Ante esta situación, los hosteleros reclaman moratorias sin intereses del pago del IVA, exenciones del pago de la cuota de autónomos el tiempo que el sector permanezca cerrado o, entre otras cosas, descuentos directos en las facturas de los suministros.

Cataluña obliga a reducir la renta un 50%

La Generalitat de Cataluña también ha legislado en materia de alquileres comerciales. De hecho, muchos hosteleros creen que la norma regional se adapta más a sus necesidades. En concreto, el Decreto Ley 34/2020, de 20 de octubre de 2020, de la Generalitat obliga a rebajar automáticamente un 50% el alquiler de los locales comerciales cuando la actividad esté suspendida por el Covid-19.

A la medida se pueden acoger bares, restaurantes, centros de estética, bingos, casinos, salas de juego y ludotecas afectadas por las restricciones. El decreto catalán también incluye al resto de actividades que tienen limitado su aforo, aunque la rebaja del alquiler es proporcional a la rebaja del aforo. En este caso afecta a teatros, comercios, tiendas de 24 horas y hoteles. De esta manera, si un negocio tiene el aforo limitado a la mitad, deberá pagar la totalidad del alquiler de la mitad de la que sí puede sacar rendimiento, y de la otra mitad pagará el 50%, es decir, que abonaría el 75% del coste habitual.