Fomento admite que el pago de las radiales puede generar un agujero extra de 1.500 millones

Según las previsiones macroeconómicas enviadas por el Gobierno a Bruselas la noche del 30 abril, Fomento cifra en 1.800 millones de euros el coste del rescate de las radiales en quiebra, cuya deuda está ahora en manos de fondos de inversión extranjeros. Este viernes, el Gobierno ha publicado el cálculo de la RPA y admite que el coste podría alcanzar un máximo de 3.300 millones.

Se trata de 1.500 millones de diferencia, algo más de una décima de PIB, que el Gobierno no ha comunicado a Bruselas en sus previsiones para este año, que sitúan el déficit en el 2%. Los principales organismos internacionales elevan esa cifra final hasta el 2,2% o el 2,3%, a lo que hay que añadir ahora una décima más en caso de que se cumpla el peor escenario contemplado por el Gobierno.

Pero el problema puede ser aún mayor. De acuerdo con las fuentes del sector consultadas por este diario, los fondos de inversión extranjeros dueños de la deuda, que adquirieron a las concesionarias de las autopistas, calculan que la factura a pagar son 4.000 millones de euros.

«A eso hay que añadir los costes de los procesos judiciales, que no serán menores, y los intereses de demora, que crecen día a día», explican estas fuentes.

Cada día que pasa sin que el Gobierno fije la cantidad final que va a pagar -presumiblemente esos 1.800 millones- y realice el primer pago a los fondos, el 35% del total, esos intereses de demora van creciendo. Según estas fuentes, una vez calculado el precio máximo de la RPA, el siguiente paso debe ser que el Consejo de Ministros determine la cantidad. Después, tiene tres meses para hacer el pago del 35%. «Pero ahora no hay plazo legal que obligue al Gobierno a fijar la cantidad exacta. El único plazo que había era publicar el cálculo de la RPA antes de junio, y es lo que ha hecho», aseguran.

Inicio de las hostilidades

Cuando realice el primer pago a los fondos, será el momento en el que se de el pistoletazo de salida a las demandas judiciales por parte de los dueños de la deuda. Según fuentes del sector, hasta que no se produzca ese primer pago, no hay «nada objeto de ser denunciado».

Los fondos reclaman 4.000 millones más los intereses de demora, cantidad que también calcula Seopan, la patronal de las constructoras. Por lo tanto, el final de esta batalla podría ser incluso peor para las arcas públicas y para el Gobierno… aunque tardará años y no será este Ejecutivo socialista quien tenga que ajustar las cuentas.