El fiscal del ‘caso Urbas’ interroga a todos los accionistas que acudieron a la ampliación de capital

Urbas Bolsa
Oficinas de Urbas.

La Audiencia Nacional continúa avanzando en su investigación sobre la polémica ampliación de capital llevada a cabo por Urbas, en la que analiza si las tasaciones de activos fueron ‘infladas’ por parte de la cúpula directiva. La CNMV levantó el veto a las nuevas acciones; sin embargo, según ha podido OKDIARIO, el fiscal que lleva el caso ha tomado la decisión de interrogar a los accionistas que acudieron a la ampliación para ver si se sienten afectados.

El Juzgado central insta a la CNMV a levantar el veto a las nuevas acciones de Urbas.
El Juzgado central insta a la CNMV a levantar el veto a las nuevas acciones de Urbas.

La carta, a la que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, advierte de que “no existen razones adicionales que justifiquen una demora en la admisión a cotización referida vinculada a esta causa”. Así, «la admisión a cotización de todas las acciones procedentes de dicha ampliación es compatible con el embargo acordado, si bien este último únicamente afectará, como es lógico, a las acciones objeto de embargo en su Auto de 26 de diciembre».

Polémica ampliación

La ampliación de capital que se investiga se acordó en 2015 por un importe de 384 millones de euros que se aportaron mediante activos que procedían de Aldira Inversiones Inmobiliarias.

Fuentes conocedoras aseguran a OKDIARIO que el fiscal no tiene la menor duda de que esos activos se sobrevaloraron sin estar ajustados a la realidad, y es precisamente eso lo que trata de demostrar. Para ello, ha comenzado una ronda de interrogaciones a los accionistas que optaron por acudir a la ampliación para ver si se sienten o no afectados por la misma.

El propio juez, de hecho, emitió un auto cuando se abrió la investigación que señalaba que se reflejaban unas plusvalías «totalmente injustificadas» que «desvirtuaban el sentido de la operación». Y lo cierto es que, según la valoración de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y de la Intervención General del Estado (IGAE), con la ayuda de la Agencia Tributaria (AEAT), los activos aportados por Aldira valían poco más de 28 millones de euros, frente a los 174 millones en los que el tasador CB Richard Ellis valoró los mismo activos, y que posteriormente ratificó el experto independiente Grant Thornton.

Esas sospechas provocaron que la CNMV suspendiera la cotización de Urbas hasta el pasado 28 de diciembre, cuando el organismo regulador señaló que la compañía debería volver al mercado tras haber hecho las aclaraciones necesarias. Unas aclaraciones en las que Urbas explicaba que la diferencia entre sus expertos independientes y los de la AEAT estaba en la edificabilidad, que era muy inferior en el segundo informe.

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