Ferrovial supera el veto del Gobierno por haberse ido de España y firma un contrato de 550 millones con Adif

Ferrovial, Comsa y FCC han superado el voto particular en contra de la interventora de Hacienda en Adif y han firmado a finales de octubre con el gestor de las infraestructuras ferroviarias un contrato de 540 millones de euros, el más importante de Adif este año, para el soterramiento de la línea R2 de Cercanías a su paso por el municipio de Moncada y Reixach (Cataluña).

Ferrovial sufrió el acoso y derribo del Gobierno cuando decidió trasladar su sede de España a Países Bajos, con ataques personales a su presidente, Rafael Del Pino. Después, este contrato se vio envuelto en polémica. Primero, porque Adif decidió contratar a una consultora externa un informe para analizar las ofertas económicas de las empresas, entre ellas Sacyr, Acciona y ACS, que fueron sacadas finalmente del concurso por baja temeraria.

Y, segundo, porque precisamente por contratar a esa consultora externa por primera vez, Geoconsult, la interventora de Hacienda en Adif consideró que el proceso se había «viciado» al hacerse sin conocimiento de la Mesa de Contratación y sin el visto bueno de la misma, como publicó este diario en septiembre. La interventora se abstuvo en la votación y publicó un voto particular en el que aseguraba que la «tramitación se encuentra viciada por el procedimiento seguido por los servicios técnicos de la Entidad para la contratación del asesoramiento técnico de experto independiente».

El consejo de Administración de Adif ha seguido adelante con la adjudicación de esta megaobra y ha dejado sin efecto la opinión de la interventora de Hacienda en la compañía pública al elegir a Ferrovial (33,33%), Comsa (33,33%) y FCC (33,33%) para este importante proyecto.

Ahora, han dado el paso definitivo sin que Hacienda ni nadie del Gobierno haya intervenido y a finales de octubre han firmado el contrato de los 540 millones de euros con esta UTE.

Según los términos del contrato, Adif pagará el grueso de los fondos en los años 2025, 136 millones de euros, y 2026, otros 151 millones. El plazo de ejecución de la obra es de 72 meses y Adif acabará de pagar a las constructoras en 2029. Como es habitual en estos casos, el gestor público de las infraestructuras se abre a negociar con las constructoras posibles sobre costes.

Algunas fuentes del sector señalaron a este diario que el voto particular de la interventora de Hacienda abría la puerta a que las constructoras que han participado en este proceso lo impugnaran porque «tiene toda la razón y Adif no lo ha hecho bien». Sin embargo, la adjudicación primero y la firma del contrato después han seguido su curso. En la Mesa de Contratación obtuvo cinco votos a favor y una abstención, la de la interventora. Los cinco votos a favor eran directivos de Adif.

Ferrovial

De esta forma, Ferrovial, con Comsa y FCC, se hace con el contrato más importante de Adif este año, un proceso que estaba en duda por el furibundo ataque del Gobierno contra la constructora. Las formas han sido polémicas, con consultora externa «por primera vez» incluida, pero finalmente la constructora de los Del Pino no ha sido apartada.