La explosión de la deuda pública española obligará al nuevo Gobierno a un recorte drástico del gasto

El estado explosivo de la deuda pública española durante el mandato de Sánchez obligará al nuevo Gobierno que salga de las urnas a impulsar un recorte drástico del gasto con su consiguiente repercusión sobre la actividad económica y el empleo. En marzo el endeudamiento batió un nuevo récord en términos absolutos, hasta 1,535 billones, y continúa instalado en el 113% del PIB pero sin ofrecer signo alguno de que puede ceder sino, más bien al contrario, señales de que todavía tiene recorrido alcista, presionado por la espiral de gasto del Gobierno, que se ha acelerado con motivo de las elecciones municipales y autonómicas de mayo y que proseguirá hasta las generales de diciembre.

Según los analistas consultados por OKDIARIO, el impacto de la deuda masiva sobre el presupuesto se comenzará a ver con claridad a lo largo del próximo ejercicio, porque hasta ahora el Banco Central Europeo ha ido financiando a los gobiernos y cubriendo sus necesidades con el pretexto primero de la crisis del Covid y luego por la guerra de Ucrania. Pero lo cierto es que este escenario ha cambiado ya. La institución que preside Christine Lagarde empezó en marzo -y la estrategia durará hasta junio- a dejar de recomprar bonos por valor de 15.000 millones mensuales, y en su reunión del pasado 4 de mayo decidió que a partir de julio dejará que venza para siempre deuda pública en su poder a razón de 25.000 millones mensuales -150.000 millones en el conjunto de la zona euro-, de los que a España corresponderán 3.000 millones -un total de 18.000 millones en el segundo semestre de 2023-.

De acuerdo con los citados medios, en la nueva situación que ha inaugurado la política de endurecimiento del BCE, así como la necesidad de restaurar su maltrecho balance -sólo su cartera de bonos públicos sobrepasa los cuatro billones-, lo primero que va a suceder en los países más frágiles, y especialmente en España, es que los tipos de interés se van a tensionar, de manera que cada vez será más difícil obtener financiación para suplir a la retirada por el BCE si el Gobierno no eleva la remuneración a la banca privada o los fondos de inversión, que han sido los tradicionales compradores de la deuda pública.

«Las subidas continuadas de tipos de interés constituye una noticia fatal para España, dado su elevado nivel de pasivos financieros, y parece que el Gobierno no se quiere enterar. La política lógica y razonable en esta tesitura sería haber aprovechado la inflación y el intenso aumento de los ingresos para reducir de manera notable el gasto, el déficit correspondiente, y de esta manera impactar sobre la deuda, que es la consecuencia última de todo este proceso», apunta Juan Carlos Ureta, presidente ejecutivo del banco Renta 4. Pero como se ha hecho y se está haciendo justo lo contrario «vamos camino de un aumento progresivo de la prima de riesgo y eventualmente de una crisis de deuda».

Ricardo Martínez-Rico, presidente de la consultora Equipo Económico, también piensa que el principal debate que hay ahora en los mercados gira sobre la sostenibilidad de la deuda pública. Mientras las empresas y las familias han hecho sus deberes, y han ido reduciendo progresivamente su endeudamiento, el Gobierno ha practicado justo lo contrario con la consecuencia de expulsar al sector privado de su necesaria financiación. La subida de tipos tiene un impacto directo en los presupuestos. El año pasado, los gastos por la carga de intereses sumaron 32.000 millones, y en el plan de estabilidad presentado por la vicepresidenta Calviño a la Comisión Europea, ésta sube un 3% -6.000 millones más-.

Un reciente informe del Círculo de Empresarios sobre la evolución de la economía española, y dirigido precisamente por el señor Martínez-Rico, fijaba el ajuste al que se vería obligado el Gobierno que salga tras las próximas elecciones en 30.000 millones. «Hay que hacer un ajuste de caballo porque actualmente los ingresos representan el 43% del PIB -lanzados por la inflación y la negativa del Gobierno a deflactarla de los impuestos- mientras los gastos absorben casi el 48% del PIB», indica Martínez-Rico.

Tanto Ureta como Martínez-Rico creen que se volverá a oir hablar de la prima de riesgo -la diferencia entre la rentabilidad que los inversores exigen al bono español en relación con el alemán-. Actualmente, ésta todavía se encuentra en niveles razonables, precisamente gracias a la cobertura prestada por el BCE hasta la fecha. Concretamente, varía entre 106 y 108 puntos, pero esta cota es superior en casi venticinco puntos a la de Portugal -que se sitúa en 80-, lo cual refleja que el Gobierno de Lisboa, también socialista por cierto, lo está haciendo bastante mejor que nosotros.