El Estado acepta la absorción de Bankia sin estudiar otras alternativas ni pedir asesoramiento independiente

El Estado a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) no ha hecho un mínimo análisis de si la fusión de Bankia con CaixaBank es la mejor opción para los intereses del contribuyente antes de aprobar la operación, ni ha contratado asesores independientes para ello. La voz cantante en este proceso la ha llevado la ministra Nadia Calviño. Esta actuación contrasta con procesos anteriores de entidades nacionalizadas, en los que ha pedido numerosos informes para evaluar alternativas.

Tras la publicación de esta información y tras el acuerdo de fusión alcanzado el jueves entre CaixaBank y Bankia, el FROB ha comunicado que evaluará otras alternativas y que contará con asesores, pero no ha facilitado detalles ni nombres de las firmas que le van a asesorar.

El FROB está presidido por Jaime Ponce (nombrado por Luis de Guindos cuando era ministro de Economía en 2015 y que continúa en su cargo pese a que su mandato venció en julio). Su comportamiento en la operación corporativa más importante acometida por una entidad participada por el Estado ha causado sorpresa en medios financieros, habida cuenta de que están en juego los 22.424 millones de dinero público inyectados en Bankia. No parece que supiera nada de la operación, ni convocó una Comisión Rectora al día siguiente de que las entidades confirmaran las negociaciones adelantadas por OKDIARIO.

Contratación de asesores en operaciones más pequeñas

Esto chirría todavía más habida cuenta de que el FROB ha sido mucho más activo en procesos de una dimensión mucho menor. Por ejemplo, en la absorción de BMN (Banco Mare Nostrum) por Bankia en 2017, contrató a AFI y a Société Générale para determinar si había interés en el mercado por hacerse con la entidad pequeña y si podía conseguir más dinero vendiéndolo en vez de fusionándolo con Bankia; la conclusión fue que no.

Otros ejemplos son las ventas de paquetes de Bankia en bolsa. La última, en diciembre de 2017, contó con el asesoramiento de Deutsche Bank, Morgan Stanley y UBS. En 2013, se hizo con los servicios de N+1 (actual Alantra) para el proceso de venta de Catalunya Banc, cuya subasta ganó BBVA, y de McKinsey y Nomura para la misma operación en NCG Banco (NovacaixaGalicia, la fusión de las cajas gallegas), que fue a parar al venezolano Banesco.

En todos estos casos (y otros más), el FROB convocó concursos públicos para elegir asesores, en aras de la transparencia que debe regir la gestión de un organismo encargado de velar del dinero del contribuyente. Sin embargo, en la fusión de Bankia con CaixaBank no ha contratado a ninguna firma asesora (que se sepa) ni ha evaluado opciones alternativas como una subasta de la entidad -para lo cual tendría que haber sondeado el posible interés de otros compradores- o continuar con la colocación de paquetes en el mercado.

La negociadora ha sido Calviño, no el FROB

Más aún, las conversaciones con CaixaBank para valorar a Bankia en la ecuación de canje -que determinará el valor de la participación del Estado- no han corrido a cargo de Ponce o de su equipo, sino de la ministra de Economía. Es de suponer que Calviño también velará por los intereses del contribuyente en recuperar el mayor importe posible de las ayudas concedidas a Bankia pero no es su cometido y, además, el FROB es un organismo estatal, no gubernamental, que incluso depende orgánicamente de la Junta Única de Resolución (JUR) europea.

Ya empiezan a surgir voces críticas con este «incomprensible» comportamiento del fondo de rescate bancario ante la decisión más importante en sus 10 años de historia porque no parece la forma de actuar más adecuada en esta operación cuando hay tanto dinero público en juego.