España tendrá que afrontar recortes ‘extra’ de al menos 12.000 millones entre 2019 y 2020

Los próximos años no serán especialmente favorables para las cuentas públicas, especialmente porque el Gobierno en funciones insistió en poner en marcha nuevos programas de gasto público antes de las elecciones, en lo que ellos mismos bautizaron como los “viernes sociales”. Sin embargo, según se puede extraer de las previsiones del consenso de los analistas, para que España cumpla con el objetivo de déficit público para este año y el próximo se deberá hacer un recorte extra de al menos de 12.000 millones de euros entre 2019 y 2020 en las administraciones públicas.

El consenso de los analistas que recoge la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) estima que el déficit ascenderá este año al 2,3% del PIB pero el Gobierno se ha comprometido a que los números rojos (la diferencia entre los ingresos y los gastos) no supere el 2%. Es decir que este año haría falta como mínimo un ajuste adicional (mediante reducciones de gasto adicionales o con subidas de impuestos, que es la fórmula que prefiere PSOE) de cerca de 3.500 millones para cumplir con la senda presupuestaria prevista. El ajuste este año debería ser incluso mayor en el caso de que se cumpla el pronóstico de Axesor, que prevé que el déficit ascienda al 2,6% del PIB durante este ejercicio. En este caso, el recorte debería ser de 7.100 millones de euros.

En 2020 el problema es aún mayor. El consenso de los analistas calcula que los números rojos ascenderán al 1,9%, frente al 1,1% prometido por el Ejecutivo. Según los principales servicios de estudios del país habría que impulsar un ajuste de 9.700 millones de euros extra para cumplir con el objetivo oficial. En el peor de los escenarios, el que dibuja Equipo Económico (que pronostica un déficit del 2,3% el año que viene) habría que hacer un recorte de más de 14.000 millones de euros el próximo ejercicio para cuadrar las Cuentas y cumplir con el escenario enviado a Bruselas en el Programa de Estabilidad.

La conclusión es clara: en un escenario normal para los analistas habría que hacer un ajuste de al menos de 12.000 millones entre este año y el próximo y en el peor de los escenarios contemplados el recorte tendría que ser de, al menos, 20.000 millones de euros.

El problema es que, ante la ausencia de Gobierno, no es factible que los ajustes necesarios en las cuentas públicas se vayan a hacer, lo que interrumpirá el proceso de consolidación presupuestaria y la bajada de la deuda pública, quitando a España la posibilidad de reaccionar en el futuro con políticas expansivas de gasto o de ingresos ante una crisis en Europa o a nivel global.

¿Peligra el superávit municipal?

Sin embargo, la complicación podría ser aún mayor. El Ministerio de Hacienda ha alcanzado en pleno verano, de tapadillo y en funciones, un acuerdo con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) que podría dinamitar la senda de reducción del déficit público. Solo un día antes de la investidura fallida. Según una nota de prensa que distribuyó la FEMP, Abel Caballero calificó de “histórico” el acuerdo con Hacienda que favorecerá la flexibilización de la regla de gasto que actualmente les dificultaba el despilfarro que se vivió en la época previa a la crisis.

 El acuerdo se forjó en una comisión técnica, formada por representantes del Ministerio de Hacienda, la FEMP, la AIReF, la IGAE y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. La información facilitada es farragosa y confusa, pero el resultado no lo será tanto. Los acuerdos alcanzados podrían acabar con el superávit de más de 6.000 millones de euros logrados por las entidades locales en 2018, que ha sido fundamental para conseguir que España abandone el Protocolo de Déficit Excesivo de la Unión Europea.

Si la actual norma había permitido que los ayuntamientos paliaran con su buena situación financiera los problemas en la Seguridad Social, en el Estado y en las autonomías, este colchón con el que contaba el Gobierno para garantizar el objetivo de déficit a largo plazo desaparecerá en el futuro.

La norma que limitaba el gasto de los consistorios ha permitido que las entidades locales obtuvieran un resultado fiscal de superávit desde 2012, como recuerda el propio Programa de Estabilidad 2019-2022 del Ejecutivo. Partiendo de un déficit del 0,4 por ciento en 2011, han logrado superávits del 0,32 por ciento del PIB en 2012, 0,55 por ciento en 2013, del 0,53 por ciento en 2014, del 0,42 por ciento en 2015, del 0,62 por ciento en 2016, del 0,61 por ciento en 2017 y, en 2018 del 0,52 por ciento (6.292 millones de euros). A este resultado ha contribuido decisivamente la aplicación de la regla de gasto.

Lo preocupante es que relajar lo establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria podría acabar con esta senda de superávit en los consistorios, que podrán gastar el superávit que obtengan y no permitirán compensar los desfases que siguen produciéndose en otras administraciones.