Los enfermeros piden más gasto público en Sanidad para evitar la competencia de los farmacéuticos

El anteproyecto de Ley de Farmacia de la Comunidad de Madrid ha provocado una división en el personal sanitario. El manifiesto firmado por una decena de organizaciones representantes del personal de Enfermería ha hecho que la brecha que les separa cada vez sea más profunda: mientras que los farmacéuticos defienden que esta ley es positiva porque mejora la atención a los pacientes y permite un seguimiento de sus tratamientos, los enfermeros sostienen que supone un ‘choque’ de competencias y aseguran que se trata de una ‘privatización encubierta’.

Lo cierto es que la tramitación de la normativa aún está atascada. Actualmente, se encuentra en el parlamento regional pendiente de aprobación. El sector farmacéutico insiste en dialogar y colaborar con las organizaciones de enfermería, pero aseguran que por el momento no han tenido respuesta. Por su parte, organizaciones, sindicatos y asociaciones de enfermería están en conversaciones con diferentes grupos de la Cámara para la polémica ley no salga adelante.

La primera clave del conflicto pasa por el papel protagonista del farmacéutico. Si la ley se aprueba, los boticarios podrán “dar asistencia domiciliaria a pacientes polimedicados -con cinco o más tratamientos activos-, que tengan movilidad reducida, estén solos en casa o que necesiten que se les prepare un Sistema Personalizado de Dosificación. En estos casos, necesitan la autorización del paciente y de los familiares para que el farmacéutico acceda al domicilio. Esto permite dar un mejor servicio a la población porque en algunos barrios y municipios no hay centros de salud. Nos permite facilitar los medicamentos a pacientes vulnerables, dependientes que ya tienen la prescripción médica y hacer un seguimiento si ellos lo necesitan”, ha explicado Luis González, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM).

El farmacéutico podrá dar asistencia domiciliaria a  pacientes polimedicados lo que agilizará los tratamientos

La asistencia a domicilio por parte de los farmacéuticos es la principal ‘línea roja’ por la que no quieren pasar los enfermeros porque consideran que invade sus competencias. Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) de Madrid, asegura que la “prescripción y el seguimiento de las terapias con fármacos y el control de la adherencia y de las enfermedades dependen de los profesionales médicos y de enfermería tal y como establecen las leyes vigentes, quedando en manos de las oficinas de farmacia solo la dispensación de los mismos y la elaboración de formulas magistrales”.

La decisión ¿del paciente?

Los enfermeros y los farmacéuticos coinciden en algo: el paciente es quien debe decidir quién acude a su domicilio para prestarle atención sanitaria. Sin embargo, esto también es un motivo de disputa porque los enfermeros argumentan que los farmacéuticos no están cualificados. “Debe ser responsabilidad de los sistemas sanitarios públicos el asegurar la cualificación y los conocimientos adecuados de los profesionales que envían en su nombre para garantizar un servicio público de calidad, ya que se hacen responsables de las actuaciones de los mismos. Un ejemplo, el servicio sanitario no puede enviar a un curandero ni a un agente comercial que pretenda vender un producto, por supuesto las personas individualmente pueden recibirlos, pero no en nombre de la Sanidad Pública”.

Sin embargo, fuentes del sector farmacéutico mantienen que “los pacientes no son de nadie. Debe decidir quién quiere que acuda a su domicilio, están perfectamente cualificados”.

Ventajas y riesgos para el paciente

Mientras que el sector farmacéutico mantiene que las ventajas son múltiples porque, con esta medida, mejorarían los servicios. “En el caso de la Comunidad de Madrid, donde hay 2.866 farmacias, ubicadas en municipios donde no hay otro profesional sanitario, su accesibilidad al medicamento y al farmacéutico es un lujo para el paciente, y así viene refrendado por los propios consumidores que entienden que el servicio prestado por las farmacias es el que menos quejas recibe”, apuntan desde COFM.

Los riesgos, apunta Bayle, son fundamentalmente cuatro: «que se realice el seguimiento por profesionales no suficientemente cualificados ni entrenados que además no tienen acceso a la historia clínica de los pacientes y no conocen adecuadamente sus problemas de salud lo que favorece los errores; que se aproveche para deteriorar aun más la Atención Primaria; que se dé acceso a los domicilios de los pacientes a personas que tienen intereses económicos y comerciales, y pueden utilizar la visita para promocionar la venta de los artículos (medicamentos o no) que venden en sus establecimientos y que se les haga pagar a los usuarios por este servicio, que ahora es gratuito, introduciendo un nuevo copago con los efectos de desigualdad y de exclusión para las personas con menos recursos».

‘Privatización’ del servicio público 

“Hay una privatización encubierta: la Sanidad está pagando un doble servicio que los enfermeros ya hacen. El sistema, previsiblemente y en base al caso del Ayuntamiento de El Boalo, pagará al farmacéutico por cada paciente al que atienda. Y el paciente pagará por un servicio que ya damos de forma gratuita”, apunta Esther Nieto, secretaria general de la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria (FAEPAC).

La solución que propone Nieto pasa por ampliar la plantilla de enfermeros del sistema público. Un gasto de personal que tendría que asumir la Comunidad de Madrid para unas labores que pueden realizar los farmacéuticos, según el Gobierno regional.

Desde el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (COEM) insisten en que “el servicio de atención a domicilio ya lo están llevando a cabo las enfermeras del SERMAS. No se trata de estar dispuestas a hacerlo, sino que ya lo hacen porque entra dentro de sus responsabilidades”.

Sin embargo, desde el sector farmacéutico se muestran más cautos y aseguran que en el anteproyecto de ley no se contempla la remuneración a las farmacias. “No figura en la ley la privatización de estos servicios porque no se contempla que sean remunerados. Esto se contemplarán en el desarrollo de la ley y será la administración la que nos diga si podamos o no cobrar por este servicio o si figura como un servicio público”, sostiene González.