Enagás redobla su pelea con el Gobierno peruano para recuperar 400 millones invertidos en un gasoducto

Enagás ha redoblado su batalla judicial contra el Gobierno de Perú y ha presentado ante el organismo internacional de arbitraje (Ciadi) una nueva demanda para recuperar los 400 millones de euros de la inversión realizada en el Gasoducto Sur Peruano (GSP), contrato que Perú rompió unilateralmente en 2017. Esta nueva solicitud de arbitraje, registrada por el Ciadi el 23 de diciembre, se une a un procedimiento ya abierto por el mismo motivo en 2018 y que está en pleno proceso de sentencia. El bufete Linklakers defiende los intereses de la compañía española en este conflicto.

Según explica Enagás en su memoria de 2020, este proceso implicaría para la compañía recuperar casi 2.000 millones de euros en los que está valorada esta inversión, algo que califican de posible recuperar y están reflejados en el balance de la compañía.

En enero de 2017, y de manera unilateral, el Gobierno peruano declaró la «terminación de la concesión por causa imputable al concesionario», es decir, a Enagás, alegando que la compañía española no había sido capaz de conseguir la financiación necesaria para finalizar la obra en tiempo y forma. Acto seguido se quedó con  la garantía (262 millones de dólares), además de multar a Enagás y ejecutar las garantías bancarias. Se quedó también, con los bienes del gasoducto.

A partir de ese momento, la gasista española intentó alcanzar un acuerdo amistoso con el Gobierno peruano para que le compensara económicamente ya que no había cumplido con la propia norma peruana a la hora de retirar a Enagás de esta obra.

Sin arreglo amistoso

Sin embargo, esos intentos de acabar amistosamente con el procedimiento no han llegado a buen puerto y en 2018 Enagás presentó ante el Ciadi una solicitud de arbitraje en el que reclama al Gobierno de Perú que le abone el valor completo de los activos de la inversión, 1.913 millones de euros en total.

La gasista española considera que, una vez descontados los pagos que tendría que hacer a los acreedores de este proyecto, a los contratos de subordinación y de cesión de créditos suscritos entre Enagás y sus socios, los fondos a recuperar superan los 500 millones de dólares. Enagás ha actualizado el valor en 2020 y lo cifra en algo menos de 400 millones de euros. Este proceso está pendiente de sentencia y la compañía espera que se haga a lo largo de 2022.

Pero, ahora, la compañía ha presentado un nuevo arbitraje para tratar de enviar a España los dividendos futuros de este proyecto, que el Gobierno peruano también prohíbe a la empresa española. Enagás considera que estos dividendos ascienden a 186 millones de dólares, unos 164 millones de euros, que se sumarían a los casi 400 millones que espera recuperar por el otro arbitraje.