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El decreto-ley que pide el taxi no frena la intención de salir a Bolsa de Cabify

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Un usuario pidiendo un Cabify mediante su app.
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Cabify, la plataforma que conecta a usuarios con vehículos de alquiler con conductor (VTC), mantiene sus planes de salida a Bolsa independientemente de lo que pase con el decreto-ley que a priori se votará en el Congreso de los Diputados esta semana.

Fuentes de Cabify aseguran que la hoja de ruta sigue intacta pese a las presiones desde el sector del taxi para lograr sacar adelante el decreto. La plataforma española, que no ha celebrado encuentro alguno con directivos de otras compañías para negociar una posible venta parcial o total de la empresa, asegura que se encuentra en un “inmejorable estado de salud financiera y de crecimiento sostenible”.

Cabify, que facturó en 2017 70 millones de euros en España -frente a los 17 millones de 2016- tiene claras sus intenciones de lanzar una Oferta Pública de Venta (OPV), pero lo cierto es que no tienen prisa. De hecho, fuentes próximas a la compañía apuntan a 2020 como el año en el que esperan estar cotizando en la Bolsa española.

Mariano Silveyra, director general de Cabify en Europa, criticó en una entrevista concedida a OKDIARIO, que las normativas de Podemos “ponen en peligro 20.000 empleos de conductores en España que dependen directamente de Cabify”. El directivo, además, ya señaló entonces que, si seguían creciendo, pretenden “salir a Bolsa en un plazo aproximado de dos años”.

Podemos lleva meses con Cabify en el punto de mira. La formación morada acusa a la plataforma tecnológica de coches con conductor de “precarizar el empleo y tributar en paraísos fiscales”. Unas acusaciones que la empresa ha decidido poner en manos de la justicia, tras un acto de conciliación donde no llegó a un punto común.

Cabify, fundada hace 7 años, opera en 38 ciudades de América Latina, Portugal y en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla y Valencia. El sector del taxi, sin embargo, quiere romper esta expansión; exige un decreto ley que permita a las Comunidades Autónomas regular las VTC, lo que implicaría que la famosa proporcionalidad de un VTC por cada 30 taxis las controlaría ellas y, por tanto, muchas de estas empresas se quedarían sin miles de licencias que, a día de hoy, incumplen tal proporción en la Comunidades.

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