Los empresarios critican la deriva de gasto que plantea Montero porque impedirá abaratar su financiación

Los empresarios se muestran muy preocupados por la senda fiscal expansiva en la que está empeñada la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y creen que la deriva de gasto que pretende incluir en el proyecto de presupuestos del Estado para el año próximo será muy perjudicial para el mundo de los negocios e impedirá abaratar su financiación.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, la inversión privada ya está cayendo por el clima de incertidumbre general que sacude la coyuntura política del país, y por la presencia cada vez más intensa del Estado en la vida económica, pero a esto hay que añadir el alto coste de financiación que cualquier proyecto debe afrontar tras las subidas ininterrumpidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), que han pasado del 0% al 4,5% en poco más de un año con el propósito de controlar la inflación.

De acuerdo con dichos medios, si no se impone un control sobre el gasto del Estado en los próximos presupuestos -y esto en caso de que sea posible sacarlos adelante, dada la debilidad de los apoyos con los que cuenta el Gobierno- será muy difícil que acaben bajando los tipos de interés y que se abarate la financiación general de la economía, una circunstancia que, aunque también afecta al Estado y el sector público, sería crucial para las empresas.

Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos- el think tank de la patronal CEOE-, advierte claramente de que, «o se pone un freno al gasto público o el precio del dinero seguirá muy alto, complicando la vida de las empresas». El BCE no parece dispuesto a reducirlo en su próxima reunión de marzo «porque todavía estamos lejos del objetivo del 2%, los salarios están creciendo a tasas superiores al 4% y la productividad capaz de absorber el aumento de los costes laborales está por los suelos», según ha sugerido la presidenta, Christine Lagarde.

Varios empresarios consultados que prefieren guardar su anonimato denuncian que el peso del sector público en la economía es cada vez mayor y más asfixiante, que el nivel de presión fiscal ha alcanzado ya niveles poco tolerables y que los corsés de la diferente clase de regulaciones están impidiendo el normal desenvolvimiento del mundo de los negocios y frenando la atracción de capitales». «Ahora toca reducir el déficit y el endeudamiento del Estado y la entrada en vigor de las reglas fiscales de la Unión Europea no dejan otra opción», señalan.

Pero la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, parece pensar de manera diferente. De hecho, la senda fiscal que quiere aprobar contempla un techo de gasto cercano a los 200.000 millones, que, sin tener en cuenta el impacto de los fondos europeos, representaría un crecimiento del 9,3%. El pretexto utilizado por Montero es que España necesita unas cuentas públicas expansivas para paliar la amenaza de la desaceleración económica que se cierne sobre el país, en gran parte fruto de la contracción de las principales economías del Continente.

Esta clase de ideas serían muy perjudiciales para la evolución de las empresas, del sector privado y de la economía en general, indican las fuentes consultadas. «Nos volvería a señalar como el alumno menos aplicado de la clase, cuando el resto de los países no han mostrado reparo alguno al cumplimiento de las reglas fiscales aprobadas por el Consejo Europeo y admitidas por todos», indican. El pasado martes, el vicepresidente del BCE, el español Luis de Guindos, expresó su deseo de que España se atenga a las nuevas condiciones, habida cuenta de las dificultades que va a atravesar en caso contrario.

Los empresarios y el gasto

La razón es que el banco emisor europeo ya ha dejado de comprar bonos públicos de los gobiernos, una práctica que ha venido siendo una tabla de salvación para los estados y les ha permitido sostener la economía durante los tiempos de la pandemia y en los primeros momentos más críticos tras la invasión de Ucrania por Rusia. «La barra libre se ha terminado», aseguró el número dos del BCE, y esta es una circunstancia muy relevante para España, pues el banco europeo ha llegado a comprar hasta 120.000 millones de deuda nacional por ejercicio durante los dos últimos años.

A lo largo de esta semana, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha comunicado al Congreso de los Diputados que España necesita un ajuste fiscal de entre 7.500 millones y 10.000 millones cada año y durante un periodo prolongado, que puede situarse entre cuatro y siete ejercicios. «España tiene que aligerar su desequilibrio fiscal en 37.000 millones los próximos años», dijo, «ya sea subiendo los impuestos o bajando los gastos». Y esto es precisamente lo que temen los empresarios: que ante la resistencia a reducir el gasto público, el Gobierno socialista dé una vuelta más de tuerca a los impuestos, «lo que daría lugar a un escenario absolutamente impracticable», declaran.

Pero la vicepresidenta Montero quiere aprovechar el actual ‘caos y desorientación política’ en Europa -donde se celebran comicios en algunas regiones de Alemania y elecciones al Parlamento Europeo en junio- para colocar un presupuesto expansivo en 2024 que desafía las reglas fiscales recientemente aprobadas.  Naturalmente, las nuevas cuentas públicas que está diseñando el Departamento de Montero darán por hecho el compromiso de nuestro país con dichas reglas fiscales, que obligan a reducir el déficit público al 3% del PIB este año, pero las previsiones que se manejan de ingresos y gastos van en la dirección contraria al cumplimiento de las exigencias de Bruselas, lo que suscita las críticas y el rechazo de los empresarios consultados.