El control de precios del alquiler que propone el Gobierno fracasa en Países Bajos, que planea quitarlo
El control de precios sobre el alquiler que se expone como caso de éxito en Países Bajos es, en realidad, un desastre que el Ejecutivo neerlandés busca ahora, sólo dos años después, corregir. El Gobierno, especialmente los responsables de Sumar, ha puesto en marcha una campaña para poner «freno a los disparatados precios del alquiler», poniendo a Países Bajos y, en concreto, a Ámsterdam, como modelo, pero las cifras hablan de un modelo fallido.
Los apartamentos de «alquiler controlado» en Países Bajos se dispararon con una ley, que casi dos años después, ha acotado los precios pero no sirve para que los propietarios alquilen su vivienda. Al contrario, el precio de venta es lo que se ha ido disparando.
Es el resultado de lo que el propio Ejecutivo, que apoyó la ley, ha calificado como la «escasez real de viviendas». Mientras construyen, conscientes además de que no lo hacen en centros urbanos, buscan una solución para esa oferta de alquiler que se ha ido al traste.
La norma funciona de la siguiente manera. Con la idea de proteger a quienes tienen menos ingresos, el Gobierno obligó a que miles de viviendas estuvieran bajo un control estatal que establecía una clasificación de cada vivienda: tamaño, estado de conservación, eficiencia energética… Como tarde había que inscribir la vivienda el pasado mes de julio.
Llamada ley de Alquler Asequible, obligó a meter en esa nueva regulación más de 300.000 viviendas que, hasta el momento, se arrendaban por contratos libres entre particulares.
Países Bajos cuenta con la mayor cuota de viviendas de alquiler controlado de toda Europa. Es el ejemplo perfecto de las políticas que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere poner en marcha, empujado por sus socios de Sumar, con Yolanda Díaz a la cabeza. Pero los resultados no han resultado como el Ejecutivo neerlandés esperaba.
Del total de viviendas bajo alquiler controlado, cerca del 25% corresponden a propietarios privados. El resto dependen, o bien del propio Gobierno, o de asociaciones, similares a cooperativas en España, que se dedican a la construcción y alquiler de este tipo de viviendas. De hecho, casi la mitad de las viviendas pertenecen a estas asociaciones.
La ley allí limita los alquileres en función de lo que gana una familia en bruto al año. Si ganas menos de 53.000 euros, el límite al alquiler no llega a 900 euros. El resto de las viviendas que quedan bajo este control -casi el 96% del total de la oferta inmobiliaria- pueden, como mucho, elevar el alquiler a los 1.150 euros.
El Gobierno estima que le hacen falta 100.000 viviendas cada año, en función de su crecimiento demográfico, pero no hay planes tan ambiciosos de construcción. De hecho, por eso se pensó en esta ley de Alquiler Asequible, para meter obligar a alquilar a quien no encuentra alquiler.
Según cálculos del sector en Países Bajos, el 20% -de casi el 25% privado al que obligaron a alquilar a esos precios- ha decidido poner su piso a la venta, por lo que la oferta, en realidad, se ha vuelto aún más pequeña. Lejos de lograr que se alquilen a precios asequibles, ahora no están ni siquiera disponibles al precio que marcaba con anterioridad el mercado. Otros están optando por alquilar a quienes vienen solo por temporadas: extranjeros destinados durante meses en el país o estudiantes que se irán al terminar el año. Mientras venden, alquilan al precio obligatorio, pero con inquilinos que saben que se irán, para evitar un problema futuro en la venta de la casa.
La propia ley obliga a que los contratos de alquiler sean indefinidos, pero si alquilas a alguien que sabes que se irá, puedes realizar modificaciones o venderla con mayor tranquilidad.
Además, los precios de venta tampoco caen, puesto que aunque la oferta de venta ha aumentado, también lo han hecho los fondos que quieren hacerse con grandes propiedades en el país. El propio ministro que impulsó la medida ha llegado a reconocer este verano «que el mercado se ha torcido», y que la medida «ha generado efectos no deseados».
De hecho, los precios de las viviendas han crecido a su mayor ritmo en los últimos 30 años.
El primer ministro, Dick Schoof, que ya adelantó en distintos medios que «era demasiado pronto» para echar atrás esta medida, ha reconocido a distintos colegas en Europa, como comentan a OKDIARIO, que a lo largo del próximo año realizará distintos ajustes en la ley, permitiendo precios de alquiler más elevados, aunque tratando de que «estén en proporción con los sueldos de aquellos que van a rentar las propiedades».
Lo cierto es que la medida, lejos de ayudar, ha tenido dos efectos terribles sobre quienes querían alquilar con sueldos más modestos. Se reduce la oferta y se dispara el precio de compra.