El Congreso vota este miércoles la reforma del subsidio de paro y los objetivos de deuda de los PGE

El Congreso vota en su primera sesión plenaria del 2024 del próximo miércoles, 10 de enero, la reforma del subsidio de paro, los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el conjunto de las administraciones y las medidas para afrontar las consecuencias de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo.

Este Pleno extraordinario, que se llevará a cabo en enero, mes considerado inhábil a efectos parlamentarios, tendrá lugar en la sede del Senado. Esto se debe a que el hemiciclo del Congreso estará en proceso de obras durante todo el mes, dedicado a la instalación de nuevas pantallas táctiles en los escaños.

Los decretos de la reforma del subsidio de desempleo y las medidas anticrisis del Gobierno ya han entrado en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y es ahora el Congreso el que tiene que o convalidarlos o derogarlos.

Por su parte, la votación de los objetivos de deuda se realizará con los Presupuestos de 2023 ya prorrogados porque el Gobierno no ha podido aprobar un proyecto de cuentas públicas antes del 1 de enero de 2024. Esto se ha producido así por el artículo 134 de la Constitución, donde se determina que, si no se han aprobado unos Presupuestos antes del 1 de enero, se considerarán automáticamente prorrogados los del ejercicio anterior.

El Congreso vota las medidas anticrisis

Respecto a las votaciones de los decretos de la reforma del subsidio de desempleo y las medidas anticrisis, varios grupos parlamentarios y aliados en la investidura de Pedro Sánchez aún no han definido una posición concreta.

Este es el caso de los cinco diputados de Podemos que se trasladaron al Grupo Mixto. En el momento de la aprobación, el diputado Javier Sánchez Serna admitió que la reforma era una «buena noticia», aunque matizó que los sindicatos señalaron que podría haber «margen de mejora», especialmente en las condiciones para percibirlo.

«Una subida de la cuantía del subsidio de desempleo es una buena noticia, pero nos preocupa que se pueda producir un endurecimiento de las condiciones», afirmó en rueda de prensa el diputado.

Otros socios como Bildu, Junts, ERC o BNG aún no han definido su posición, mientras que Coalición Canaria votará a favor, según EP. Se espera que el PNV también vote a favor, después de que el Gobierno incluyera en la reforma la solicitud de los nacionalistas vascos de dar prioridad a los convenios autonómicos sobre los sectoriales.

El decreto incorpora nuevos grupos que pueden beneficiarse del subsidio por desempleo, que es la ayuda dirigida a personas que han agotado o no tienen derecho a la prestación contributiva por paro.

Estos colectivos incluyen a personas menores de 45 años sin cargas familiares que han agotado al menos 12 meses de prestación contributiva, trabajadores agrarios temporales residentes fuera de Andalucía y Extremadura, así como empleados transfronterizos de Ceuta y Melilla. Como medida de ajuste, se eliminan la Renta Activa de Inserción (RAI), el subsidio extraordinario por desempleo (SED) y los subsidios destinados a liberados de prisión, emigrantes retornados y revisión de invalidez.

La reforma también aumenta el monto del subsidio, que actualmente es de 480 euros o el 80% del Iprem, a 570 euros durante los primeros seis meses (equivalente al 95% del Iprem) y a 540 euros mensuales en los seis meses subsiguientes (90% del Iprem). Después de este período de un año, la ayuda se mantendría en 480 euros hasta su agotamiento, con un límite de 30 meses, dependiendo de la edad, las circunstancias familiares y la duración de la prestación previa agotada.

La Cámara Baja también deliberará el decreto ley por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía.

Tanto EH Bildu como Coalición Canaria han asegurado su respaldo a este decreto, que, entre otros aspectos, extiende la aplicación del IVA reducido a alimentos básicos, pastas y aceites. Además, se efectúan modificaciones en este mismo impuesto en las facturas de luz y gas natural, elevándolo del 5% al 10%, en comparación con el 21% original previo a las crisis energéticas.

El decreto también contempla la gratuidad de los Cercanías y una reducción del 50% en el transporte autonómico. Además, prohíbe algunos desahucios hasta el año 2025 y veta los cortes de suministros básicos para hogares en situación de vulnerabilidad, estas dos últimas medidas acordadas entre el Gobierno y Bildu.

Será interesante observar la posición que adopta el Partido Popular (PP), ya que estableció como condiciones para su respaldo que el decreto contenga una deflactación del IRPF y una reducción del IVA en alimentos como carnes, pescados y conservas.

En cuanto al PNV, ERC y BNG, aún no han definido sus posturas. Junts tampoco ha expresado su posición, pero ha anticipado su voto en contra del tercer decreto sobre Justicia que será sometido a votación en el Congreso el miércoles.

Objetivos de deuda de los PGE

La intención del Ministerio de Hacienda es aprobar la ley de PGE para 2024 antes de abril. Para ello, ya ha establecido el límite de gasto no financiero, también conocido como techo de gasto, del Presupuesto del Estado para 2024, que asciende a 199.120 millones de euros. Esto representa un aumento del 0,5% en comparación con el ejercicio anterior, incluyendo los fondos provenientes de la Unión Europea.

En la última reunión del Consejo de Política Fiscal con las comunidades autónomas, Hacienda propuso un déficit del 3% en 2024 para el conjunto de las Administraciones, del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026.

En el caso de las regiones, Hacienda estableció un objetivo de déficit del 0,1% para el año 2024. Para los años 2025 y 2026, las comunidades autónomas buscarán alcanzar el equilibrio presupuestario. En cuanto a las entidades locales, los agentes acordaron el equilibrio presupuestario (0%) desde 2024 hasta 2026. Para la Seguridad Social, los responsables fijaron un déficit del 0,2% para el año 2024, del 0,1% para el 2025 y del 0% para el 2026.

Sin embargo, la aprobación del techo de gasto no se lleva a cabo en las Cortes, siendo solo los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública los que requieren la votación parlamentaria. Estos objetivos deben cumplir con las normas fiscales europeas, las cuales, después de años de suspensión debido a la pandemia, ahora deben ser respetadas.

Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, si el Congreso o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento de tramitación.

Es en este punto donde cobra relevancia la mayoría absoluta del PP en el Senado y su capacidad para vetar los objetivos mencionados. El presidente del Senado, Pedro Rollán, ya advirtió que el Partido Popular posicionará la Cámara Alta como un «contrapeso» al Gobierno de coalición.

No obstante, el Gobierno confía en que no se materialice el veto, ya que en caso de no aprobarse en hasta dos ocasiones, según un informe de la Abogacía del Estado, los objetivos de deuda aplicables serían los establecidos en el Programa de Estabilidad enviado a la Comisión Europea en el pasado mes de abril.