El Congreso exige a Sánchez que una auditoría independiente investigue los rescates del SEPI en pandemia

El Congreso ha aprobado este martes, 20 de mayo, una iniciativa del Partido Popular que exige realizar una auditoría de todos los rescates a empresas que hizo la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante la pandemia. La Sociedad empleó el fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, especialmente los relativos a Air Europa, Plus Ultra y Duro Felguera.

La propuesta de los Populares ha salido adelante gracias al a favor de ERC, Junts, Podemos, Partido Popular y Vox, y pese al voto en contra del Gobierno, Sumar y el PNV.

En concreto, la Cámara Baja ha aprobado los cinco puntos de una moción del PP que exigía esta auditoría y más transparencia al holding público en sus operaciones.

Además de esta auditoría, el Congreso exige al Gobierno que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) realice un informe actualizado sobre los planes de viabilidad de las empresas rescatadas por el Estado durante la contingencia sanitaria y saber su grado de cumplimiento, preservando siempre los datos confidenciales de las compañías.

A esto se suma una propuesta de comparecencia específica anual de la presidenta de SEPI, Belén Gualda, en la Comisión de Hacienda y Función Pública en el mes de junio para informar sobre las empresas participadas y garantizar el control democrático de sus operaciones y nombramientos.

Por último, el Congreso pide medidas para reformar «de manera integral» el modelo de gobernanza de la sociedad estatal, basándolo en criterios de «profesionalización, transparencia y sostenibilidad financiera».

Durante su intervención para defender la propuesta, el portavoz en la Comisión de Hacienda del PP, Pedro Puy, ha dicho que aunque la actuación de la SEPI tiene que estar rígida por principios de neutralidad política, la transparencia y la profesionalización en la gestión, el Gobierno de Pedro Sánchez ha incrementado «notablemente» la intensidad de su intervencionismo en el holding público con actuaciones «poco claras, u opacas, o poco explicadas» y vinculadas a operaciones «técnicamente cuestionables».

Puy ha señalado que muchas de esas operaciones son cuestionables por la toma del Gobierno de participaciones en empresas privadas, el uso de los fondos de apoyo a la solvencia de las empresas estratégicas que se creó en la pandemia o nombramientos de personas con un perfil político «acentuadamente afín al Gobierno» que sustituyen a gestores independientes.

Posteriormente, el político ha criticado algunas operaciones como la entrada en el accionariado de Telefónica por 2.300 millones y los posteriores movimientos en el consejo de administración de la empresa o el rescate de Air Europa por 475 millones de euros, donde según el diputado hubo una «participación directa» en la operación desde Moncloa.

El diputado de Vox, Jacobo González-Robatto, ha aprovechado su turno en la tribuna para denunciar el papel que el Gobierno juega en empresas como Telefónica, Indra, Renfe, Correos o Red Eléctrica, pues a su juicio el Ejecutivo aprovecha todas estas compañías para «colocar» en sus consejos a diputados, secretarios de Estado y asesores «que no valen para nada».

Reproches al PP en el Congreso

De su lado, la portavoz económica del PNV en el Congreso, Idoia Sagastizabal, ha adelantado el rechazo de su grupo a la moción del PP porque cree que su objetivo principal pasa por «minar» al Gobierno a través de «indicios» sobre supuestas irregularidades en los rescates a empresas que la SEPI hizo durante la pandemia.

De su lado, la diputada de ERC, Pilar Vallugera ha avanzado el apoyo de su grupo a algunas peticiones de la moción, como la comparecencia anual de la presidenta de la SEPI en el Congreso y hacer una auditoría externa de los rescates que hizo el holding en la pandemia.

«Todo lo que sean medidas que vayan en pos de la transparencia y saber qué hace este monstruo, que es la SEPI, pues creemos que van por un buen camino», ha explicado la diputada de Esquerra.

Tanto el diputado del BNG, Néstor Rego, como la diputada de Podemos, Martina Velarde, han criticado al PP en sus respectivos turnos afirmando que durante sus mandatos se liberalizaron sectores estratégicos donde consideran que es importante que haya participación pública, pese a que la liberalización de esos sectores ha sido positiva para la economía española.

Carlos Martín, de Sumar, ha admitido que el PSOE ha nombrado ejecutivos afines al Gobierno, asegurando que todos los Gobiernos, independientemente de su signo político, han nombrado cargos de confianza en la SEPI, algo que no considera una «anomalía democrática».