Las comunidades del PP no aplicarán el índice de precios del alquiler: «Es un suicidio inmobiliario»

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) no aplicarán el índice de precios del alquiler del Gobierno por considerar que reduce la oferta de viviendas y fomenta la economía sumergida. La formación ha calificado la medida del Ejecutivo de Pedro Sánchez de «suicidio inmobiliario». De hecho, sólo Cataluña pondrá en marcha esta medida promovida por el Ministerio de Vivienda.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes el índice de precios de referencia para limitar las rentas del alquiler en zonas declaradas como tensionadas y la declaración de zona tensionada para 140 municipios de Cataluña, por lo que podrá empezar a aplicarse en dicha comunidad autónoma a partir de este viernes.

El PP se niega al índice del alquiler

El PP augura un «estrepitoso fracaso» al índice del alquiler. En concreto, la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, ha afirmado que «donde gobernamos sabemos que aplicar este índice es un suicidio inmobiliario, porque desestabilizaría aún más el mercado, reduciría la oferta y fomentaría la economía sumergida. Error tras error».

La responsable de Vivienda del PP ha señalado que, en el tiempo de vigencia de la ley, los precios de alquiler de pisos han alcanzado «máximos históricos», con efectos «perversos» para los jóvenes y las clases más desfavorecidas. «Este índice profundiza aún más en los errores de la ley y de este Gobierno, que vive en un mundo paralelo, de espaldas a los expertos, al mercado y a la realidad», ha añadido.

El índice se aplicará en aquellas comunidades autónomas que declaren, a solicitud de los municipios, zonas tensionadas. Hasta el momento, ninguna región ha iniciado los trámites oficiales, y solo Cataluña ha anunciado su intención de declarar 140 zonas tensionadas. «Es sorprende y paradójico que una norma española, solo la haya aceptado un gobierno independentista», señala Paloma Martín.

El Índice de referencia es una de las principales medidas contempladas en la Ley de Vivienda, la cual ha generado cinco recursos de inconstitucionalidad. Estos recursos fueron presentados por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, así como por los gobiernos de Madrid, Andalucía y Baleares, y el Parlamento de Cataluña, y todos han sido admitidos a trámite.

Los recursos abordan una amplia gama de temas, incluida la vulneración del derecho de propiedad, el control del precio de los alquileres, los criterios para identificar zonas con tensiones en el mercado de alquiler y la posible invasión de competencias autonómicas. Por ello, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo destaca la incongruencia de que una región presidida por ERC sea la única que acepte este índice.

Además de los recursos de inconstitucionalidad, la Ley de Vivienda motivó un dictamen adverso del Consejo General del Poder Judicial, que incidía particularmente en aspectos como el «claro dirigismo de las instituciones autonómicas y locales», la «incisiva vigilancia» de la Administración en el uso de la vivienda por parte de los propietarios, o el «problemático encaje en el orden constitucional de competencias».

El PP añade a las críticas de fondo y contenido, «graves errores de forma». El Gobierno ha propuesto la aprobación del Sistema Estatal de Índices de Referencia mediante una resolución de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, ignorando que este trámite requiere al menos de una orden ministerial.

La responsable del área de Vivienda del PP ha denunciado que esta medida, además de amenazar el mercado del alquiler, «pretende imponerse con un rango legal inferior al necesario». «Un secretario de Estado carece de atribuciones para dictar una norma reglamentaria que, en el trámite que se está sustanciando, aparece definida como proyecto no normativo», ha explicado.

El índice de vivienda del Gobierno

Este sistema de referencia, tal y como desgranó el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, durante la presentación del mismo, es un sistema de rangos de precios que, para una misma vivienda, establece una renta máxima y mínima a partir de una serie de características del inmueble.

Además, el sistema busca ser homogéneo para toda España, de base tributaria y que se actualizará anualmente con la última declaración a la renta disponible del propietario del inmueble. Para este año, utiliza la declaración de 2022.

El índice de precios de referencia es de obligado cumplimiento para los grandes tenedores -personas físicas o jurídicas con más de diez viviendas o cinco en la misma área tensionada, según lo establecido por cada comunidad autónoma- y para los nuevos contratos de alquiler de viviendas que no hayan sido arrendadas en los últimos cinco años y se encuentren en zonas que hayan sido declaradas como tensionadas.

En el resto de los casos, el índice solo funcionará de referencia para conocer el valor real de la vivienda en alquiler, ya que, en las viviendas ya arrendadas, el nuevo contrato de alquiler «estará referenciado al contrato anterior», es decir, se congelará la renta, una vez aplicada la cláusula de actualización anual, que en 2024 está limitada al 3%, por lo que el precio solo podrá disminuir a partir de la negociación entre arrendador y arrendatario.

No obstante, el precio podrá incrementarse si la vivienda ha sido mejorada, si tiene rehabilitación energética o si cumple unas condiciones de durabilidad del contrato de arrendamientos superiores a lo contemplado en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), tal y como se recoge en la Ley de Vivienda.