Colombia intenta parar la demanda de Gas Natural Fenosa acusando a sus directivos de corrupción

El Gobierno de Colombia ha iniciado una campaña de hostigamiento contra los directivos de Gas Natural Fenosa que trabajaban en Electricaribe y que fueron purgados tras la expropiación.

La decisión del grupo español de llevar ante los tribunales internacionales de arbitraje al Ejecutivo de Santos por la intervención de su filial ha provocado que las autoridades colombianas busquen subterfugios legales para acusar de corrupción a los citados directivos y, de esta forma, evitar el pago de la indemnización que reclama Gas Natural y que ronda los 1.000 millones de dólares.

Según han confirmado fuentes jurídicas a OKDIARIO, la decisión del Fiscal General de Colombia, Néstor Martínez, de anunciar la apertura de una investigación penal contra Electricaribe es el primer paso de esta campaña de hostigamiento. “El objetivo es buscar supuestas irregularidades en la actuación de los directivos para que la demanda de arbitraje iniciada por el grupo español ante Naciones Unidas caiga en saco roto.

En este tipo de reclamaciones a los tribunales de arbitraje internacionales, normalmente los reclamantes suelen llevar razón y los Estados utilizan distintas armas para conseguir inclinar la balanza a su favor. La primera herramienta es la dilación del proceso, retrasando lo máximo posible el nombramiento del arbitro que representa los intereses del país (en este caso Colombia). La segunda vía es reducir la indemnización culpando al reclamante (Gas Natural Fenosa) de la mala situación financiera de la filial y, la tercera, es intentar demostrar que ha habido casos de corrupción en la empresa del demandante para que el laudo arbitral sea favorable al demandado.

En Gas Natural Fenosa se asiste a este proceso con la confianza de que el Tribunal  de la ONU que llevará el caso (el UNCITRAL, por sus siglas en inglés) le dará la razón en su reclamación. No obstante, el laudo no verá la luz hasta dentro de dos o tres años, que es el tiempo medio que suelen tardar este tipo de procesos en el citado órgano de Naciones Unidas. Si la demanda se hubiera presentado ante el CIADI (del Banco Mundial) los plazos habrían sido, incluso superiores.

Desde un punto de vista técnico, la empresa española no ha presentado todavía la demanda completa y lo que ha entregado en la comunicación del inicio formal del arbitraje en el que solicita “se le devuelva la compañía con un marco regulatorio viable y, en su defecto, se le compense por un importe que se cuantificará en el curso del procedimiento, pero que, en base a valoraciones preliminares, superará los 1.000 millones de dólares”.

Esta valoración económica no es definitiva y los servicios jurídicos de Gas Natural Fenosa preparan un informe pericial que acompañará a la demanda completa y que analizará el tamaño, los clientes y las redes de distribución de Electricaribe para valorar la capacidad que tendría la empresa de generar beneficios (siempre y cuando el sector público, que es el principal moroso, abonara sus facturas). Una vez realizado este estudio los abogados de la compañía española estarán en condiciones de solicitar una indemnización concreta.

El proceso de expropiación y posterior liquidación de Electricaribe ha tenido un importante componente político. El presidente de Colombia ha necesitado negociar con los senadores que representan a los ciudadanos de la región Caribe del norte del país, que es donde opera la compañía. Estos representantes públicos exigieron a Santos que interviniera la filial de Gas Natural Fenosa a cambio de su apoyo a la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, una normativa que el presidente ha diseñado para sacar adelante su acuerdo con los terroristas de las FARC tras recibir el rechazo de los ciudadanos a la reforma constitucional votada en referéndum.

Ahora, el Gobierno de Colombia tiene dos problemas: el que se abre en los tribunales por la demanda de Gas Natural Fenosa y el hecho de haber expropiado una empresa que no tiene capacidad para perseguir la morosidad y el fraude al no existir la seguridad jurídica necesaria para garantizar los ingresos de una compañía que, no olvidemos, desempeña su labor en un sector regulado donde las tarifas las fijan las autoridades del país.

El nuevo responsable de Electricaribe da la razón a Gas Natural

El nuevo responsable de Electricaribe, Edgardo Sojo, se ha dado cuenta cuatro meses después de la intervención de que es precisamente el sector público de Colombia el que tiene la llave para solucionar los problema financieros de la empresa. Sojo exige ahora a sus clientes morosos que paguen sus facturas, a pesar de que son precisamente las entidades de la administración del país latinoamericano las que acumulan un mayor volumen de impagos.

La legislación no permite cortar el suministro a los organismos estatales y empresas públicas, algo que sufrió Gas Natural cuando gestionaba Electricaribe, y ahora es el Gobierno el que constata que las reclamaciones de la compañía española eran justas y que es necesario aprobar una reforma que asegure el cobro de las facturas y, de esta forma, garantizar la calidad del suministro y la viabilidad de la empresa energética.

El agujero en los estados financieros de Electricaribe como consecuencia de la morosidad y el fraude asciende a los 1.259 millones de euros (una vez realizado el cálculo con el tipo de cambio del peso colombiano). Gas Natural Fenosa decidió curarse en salud y provisionó más del 80% de esta cantidad antes de que el Gobierno de Colombia la interviniera.