El catedrático Morillas critica la eficacia de la Agenda 2030 y propone reducir objetivos

Un estudio académico cuestiona la efectividad de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sugiere que podrían simplificarse a sólo diez determinantes clave para lograr un desarrollo económico real y sostenible. Javier Morillas, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo y consejero del Tribunal de Cuentas, ha publicado una investigación titulada Una visión crítica de los ODS: nuevos objetivos centrales con influencia en la UE para un desarrollo sostenible, donde analiza los condicionantes que la Agenda 2030 está teniendo sobre la economía comunitaria y española.

Según el experto, las propuestas que llegan desde organismos como las Naciones Unidas no logran concretar en el corto plazo las medidas que deben adoptar los gobiernos para demostrar avances efectivos en el cumplimiento de objetivos tan ambiciosos como el fin de la pobreza o hambre cero. La idea es no considerar a Naciones Unidas como una entidad académica sino política; y fijar no objetivos genéricos (como, por ejemplo, hambre cero) sino objetivos medibles». Apuesta por medir variables como la corrupción, cuyo índice se utiliza por las agencias de rating para fijar primas de riesgo.

En su estudio, que ha consultado OKDIARIO, Morillas sostiene que el término «desarrollo sostenible» es en sí mismo redundante, puesto que para los economistas, la propia definición de desarrollo siempre ha estado vinculada a la idea de sostenibilidad, a diferencia del concepto más contable de «crecimiento».

«El desarrollo quedaba definido como un crecimiento económico asociado a un proceso de reducción de desequilibrios básicos sostenido en el tiempo. En este sentido, la expresión desarrollo sostenible sería una redundancia», explica el académico.

Diez claves

La investigación propone sintetizar los actuales 17 ODS en diez determinantes fundamentales que, según el catedrático Morillas, resultan más claramente identificables para el futuro del desarrollo económico:

 1.⁠ ⁠La atención al sector agrario, considerado estratégico por los países más prósperos. El estudio señala que 60 países no tienen censos agrícolas, lo que indica la baja prioridad que dan a este sector crucial.

 2.⁠ ⁠El papel institucional de la mujer, que actúa como «termómetro de los grados de libertad y coparticipación» del conjunto de ciudadanos en el esfuerzo colectivo.

 3.⁠ ⁠La estabilidad de precios garantizada por bancos centrales independientes, como condición sine qua non para generar confianza económica.

 4.⁠ ⁠Los Tribunales de Justicia, que aportan seguridad jurídica y posibilitan un clima favorable para la inversión.

 5.⁠ ⁠Los Registros de Propiedad, cuya existencia puede incrementar el valor de las tierras rurales entre un 43% y un 81%, según datos del Banco Mundial citados en el estudio.

 6.⁠ ⁠Un marco constitucional estable y la lucha contra la corrupción, que erosiona y resta credibilidad a las instituciones.

 7.⁠ ⁠El factor educacional, representado por universidades y centros estadísticos fiables que conforman el capital humano disponible.

 8.⁠ ⁠La seguridad, como condición necesaria para el desenvolvimiento económico.

 9.⁠ ⁠Las infraestructuras de transporte y comunicaciones, segundo pilar de competitividad global según el World Economic Forum.

10.⁠ ⁠Las escalas de valores, incluyendo la institución familiar y los valores religiosos, que influyen en el comportamiento económico de los individuos.

Críticas a la ayuda internacional

El estudio también aborda la efectividad de la ayuda internacional, señalando que «salvo la puntual de emergencia, en buena parte de los casos, la ayuda alimentaria provoca derrumbes en los precios interiores, desalienta a los productores locales, mata sus producciones internas y arruina sus modestas explotaciones».

Morillas propone condicionar la ayuda al desarrollo a la adopción de medidas contra prácticas como la ablación femenina, que afecta a más de 150 millones de mujeres, principalmente en África y Asia.

En cuanto a la corrupción, el informe destaca cómo este fenómeno «desvía directamente recursos de los pobres a los ricos, que pueden permitirse sobornar», y sugiere la adopción de medidas similares a las implementadas en Botsuana, donde se creó una dirección específica con amplio marco jurídico para combatirla.

Según concluye Morillas, «cada vez habrá menos gente dispuesta a recoger las excusas de quienes, incluso intentando transmitir complejos de culpabilidad, ponen como pantalla de su incompetencia o interés a los más pobres de los países a quienes gobiernan a su antojo».

El estudio representa una de las críticas más estructuradas a la Agenda 2030 desde el ámbito académico español, y podría influir en las discusiones sobre la efectividad y el futuro de los ODS en la política económica europea.