Sánchez aprobó un decreto exclusivo para subvencionar la Agenda 2030 pero no lo hará con las pensiones

El Gobierno rechaza presentar un nuevo decreto para aprobar la subida de las pensiones, tras el rechazo a su conocido decreto ómnibus por parte del Partido Popular y Junts. Renuncia a esta fórmula para sacar adelante la revalorización de las pensiones y los descuentos al transporte público, entre otras medidas, pese a que se trata de un recurso al que frecuentemente recurre el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Recientemente, por ejemplo, utilizó esa vía para subvencionar a entidades que implementen la denominada Agenda 2030.

El Gobierno no tiene intención de promover un nuevo decreto que permitiría la prometida subida de las pensiones a 12 millones de jubilados. Este viernes, Pedro Sánchez deslizó que es una alternativa que no se plantea, pese a lo que le exigen el PP y Junts.

En su lugar, Sánchez insistió en la ofensiva contra los populares en la que su Ejecutivo persevera desde la votación del miércoles en el Congreso, tratando de responsabilizar al partido de Alberto Núñez Feijóo del decreto fracasado. El líder socialista ha apelado a «la responsabilidad y al sentido común de las organizaciones política que votaron en contra» de las medidas incluidas en ese decreto.

Medidas en el decreto ómnibus

Además de las pensiones, el Gobierno aprovechó este decreto ómnibus para colar otras muy polémicas como la cesión al PNV de un palacete en París o un mayor control de las redes sociales. Sánchez, incluso, llegó a acusar este viernes a Feijóo de «causar dolor social» al votar en contra de este decreto, que el PP califica de «chantaje». El principal partido de la oposición ha registrado una proposición en el Congreso para que se pueda aprobar la subida de las pensiones.

Al tiempo que renuncia a diseñar un nuevo decreto para acometer esa revalorización, el Gobierno tiene otros en nevera y otros que ha ido aprobando en los últimos meses.

Uno de ellos, por ejemplo, regula la concesión a dedo de subvenciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a distintas entidades para distintas entidades, vinculadas a la «implementación de la Agenda 2030». Entre las beneficiarias se encuentra Movimiento por la paz, el desarme y la libertad (MPDL), una ONG afín al PSOE que, según publicó OKDIARIO, ha recibido del Gobierno 1,8 millones en contratos y subvenciones para la acogida de inmigrantes irregulares en el último año. La entidad está gestionada por ex cargos socialistas y tiene como afiliada a la actual vicepresidenta ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva de la UE y comisaria de Competencia, Teresa Ribera.

El Gobierno no está dispuesto a aprobar un decreto exclusivo que únicamente recoja la subida de las pensiones y se inclina, de nuevo, por un decreto ómnibus, con medidas variopintas.

El decreto decaído en el Congreso recogía, por ejemplo, la suspensión de los desahucios de okupas e inquiokupas. El Ejecutivo pretendía ampliar hasta el 31 de diciembre la cancelación de estos procedimientos en «personas vulnerables» y sin alternativa habitacional. Igualmente, se prorrogaba la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua, luz y gas para estos consumidores.

La medida se recogió por primera vez en un decreto aprobado en pandemia, que el Gobierno ha ido prorrogando. Esto ha impedido que los propietarios puedan recuperar sus viviendas okupadas. Ahora, los okupas sí podrían ser desalojados.

«Hoy por fin el propietario ve más cerca el fin de la inquiokupación. Que se entere el PSOE: los propietarios particulares no somos el escudo social y nos volveremos a defender si quieren usar nuestras casas a su antojo», han expresado desde las asociaciones en defensa de los dueños de las viviendas.

Además, el decreto designaba a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como «coordinador de servicios digitales», otorgándole la capacidad de inspección de las plataformas de la Red -buscadores y redes sociales-, a las que podría obligar a revelar sus algoritmos, los criterios que emplean para recomendar contenidos a los usuarios.

Según el Ejecutivo, se trataría de una medida para «promover una mayor calidad del debate público», incluida en el autodenominado Plan de Acción por la Democracia con el que Sánchez de amordazar a los medios incómodos, es decir, aquellos que publican informaciones sensibles sobre su entorno personal y político. El combate contra los algoritmos en estas plataformas es, precisamente, una de las últimas banderas del presidente del Gobierno. Especialmente, en su ofensiva particular contra Elon Musk, CEO de Twitter.

De hecho, Sánchez aprovechó su discurso en el encuentro del Foro Económico Mundial, en Davos, para amenazar a los propietarios de las redes sociales, acusándoles de «aumentar el odio». El jefe del Ejecutivo español propuso un plan contra lo que llama «tecnomillonarios», a quienes quiere obligar a ser «penalmente responsables de lo que pasa» en sus plataformas.

Dentro de esa estrategia está la eliminación del anonimato en redes y forzar a los dueños a dar a conocer el algoritmo para poder evaluarlo.

Según Sánchez, la «desinformación», las fake news y los algoritmos han sido diseñados para ocultar ciertos puntos de vista políticos y fomentar otros y han convertido en un «campo de batalla amañado lleno de manipulación, censura y falsedad lo que se suponía que era un espacio para el debate constructivo y el libre intercambio de ideas», como las redes sociales.