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Cataluña exige imponer Patrimonio a Madrid porque ha perdido 75 grandes fortunas al año

español en Cataluña
Pedro Sánchez y Pere Aragonès. (Foto: EP)

El Gobierno independentista de Cataluña ha enviado un documento de 28 páginas al comité de expertos fiscales de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el que argumenta su exigencia de que se obligue a Madrid a imponer el Impuesto de Patrimonio en dos cuestiones sorprendentes. Primero, citando un informe que contiene datos que Madrid niega con cifras reales de Hacienda, asegura que ha perdido 75 grandes fortunas al año entre 2010 y 2015.

Y segundo, en que las arcas del Estado pierden recaudación y eso reduce la «capacidad de redistribución» de la riqueza entre las regiones. Este argumento choca con el histórico «España nos roba» y con su actual exigencia de que el Estado invierta cada año en Cataluña el 18% del total en línea con su aportación al PIB nacional, lo que implica que el resto de regiones se quede atrás ya que no reciben esa inversión.

El documento entregado por el Ejecutivo de Pere Aragonés cita un informe de 2020 de Agrawal, Foremny, y Martínez-Toledano en el que «calculan que el número de potenciales contribuyentes del Impuesto de Patrimonio residentes en Madrid en 2015 aumentó en 6.000 personas (alrededor de un 10%) respecto el 2010, año en que el impuesto no estaba en vigor», mientras que el resto de comunidades autónomas «perdieron una media de 375», es decir, 75 al año.

Una cifra que, además de estar calculada sobre simulaciones y no sobre datos reales de Hacienda, desmienten desde la Comunidad de Madrid, que también ha enviado al comité de expertos su argumentario (237 páginas). «Los datos reales de declarantes por Impuesto de Patrimonio en la Comunidad de Madrid señalan que el aumento entre 2011 y 2015 fue de un total de 1.200 declarantes, no necesariamente por cambio de residencia, sino también por haber alcanzado el umbral de patrimonio necesario para declarar», señalan.

Además, explican que «los datos reales de la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid indican algo muy diferente: de los datos analizados en las declaraciones del Impuesto de Patrimonio presentadas, sólo se ha podido comprobar que 203 de los 1.812 nuevos declarantes en la Comunidad de Madrid en 2018 en el tramo entre 6.010.000 y 30.050.000 euros, y 34 de los 252 del tramo superior, habían reflejado una comunidad autónoma de residencia distinta a la de Madrid en 2012». «La inmensa mayoría de los nuevos declarantes de los tramos ya eran declarantes en otro tramo diferente o, directamente, no fueron declarantes en 2012 (1.609 en el tramo menor y 218 en el superior)», añaden.

La región que gobierna Isabel Díaz Ayuso pone de manifiesto que los traslados de contribuyentes a Madrid son fundamentalmente de trabajadores cualificados que se trasladan para ocupar puestos de trabajo profesionales, técnicos y de dirección. Y que la mayor parte proviene de Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Además, demuestra con datos que Cataluña recibió más trabajadores de otras regiones (19%) que Madrid (15%), según los datos de movilidad laboral de Hacienda entre 2008 y 2018.

Redistribuir la riqueza entre regiones

El segundo argumento esgrimido por la Generalitat es que las arcas públicas pierden ingresos, lo que afecta a la redistribución de la riqueza con el resto de comunidades autónomas, como Andalucía y Extremadura. Los independentistas, que han exigido al Gobierno central que invierta el 18% de todo el gasto público en su región olvidándose del progreso del resto de regiones, culpan a Madrid de que el resto de comunidades sean un poco más pobres.

De nuevo, el Gobierno de Ayuso responde. Entre 2011 y 2015, la aportación de la Comunidad de Madrid al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales -fondo que financia la equiparación del nivel de los hospitales y escuelas autonómicos- fue de 635,4 millones de euros. A finales de 2021, Madrid hizo público un informe en el que concluía que era la región que más contribuía a este fondo, el 68% del total, frente al 26% de Cataluña.

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