‘Caso Acuamed’: 10 años de instrucción y ni rastro del supuesto dinero robado que denunciaba el PSOE

El 18 de enero de 2016, hace hoy diez años, un numeroso grupo de agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la UCO, armados y de paisano, enviados por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y la fiscal Inmaculada Violán, se personaron antes de las ocho de la mañana en más de trece domicilios particulares de otros tantos profesionales, la mayoría ingenieros de caminos, trabajadores todos ellos de empresas constructoras y de la compañía pública Acuamed, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica.

Delante de sus hijos y esposas, los concienzudos registros de las pertenencias personales –incluidos garajes y trasteros– acabaron con varios empresarios y directivos de Acuamed en los calabozos de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid), y cinco pasaron unos meses en la cárcel de Soto del Real.

Ese 18 de enero de 2016 gobernaba el PP de Mariano Rajoy. Pedro Sánchez, ahora presidente del Gobierno, era entonces líder del PSOE y de la oposición. Aprovechó estos registros y detenciones para cargar contra Rajoy a cuenta de la corrupción y negarle su apoyo para la investidura. Sánchez dijo entonces que el PP no podía dar estabilidad a España porque era «un partido carcomido por la corrupción».

Diez años después, el llamado caso Acuamed –una supuesta trama que inflaba los precios de las obras para favorecer a determinadas constructoras a cambio de regalos como entradas de fútbol– duerme el sueño de los justos. No hay fecha para el inicio del juicio oral y todo apunta a que la sentencia final –si se formulan recursos– se puede retrasar hasta 2030 ó 2032. Casi 20 años.

Sí ha finalizado diez años después la instrucción del caso. Diez años de investigaciones en las que la fiscal Violán no ha podido demostrar si en las obras bajo sospecha se pagaron a las constructoras unos kilos de acero de más o unos metros cúbicos más de hormigón.

Hacienda concluyó en mayo de 2018 en un informe de la IGAE que no podía determinar si había habido perjuicio económico para Acuamed -desvío de dinero público-. Golpe para la fiscal, que entonces pidió que peritos nombrados por el juez calcularan el precio de las obras para demostrar que se inflaron los precios. La fiscal no lo ha podido demostrar, y los acusados han presentado peritajes que rebaten la tesis de que se inflaron los precios.

¿Se inflaron o no los precios de las obras? Es la clave. Los peritos no lo han demostrado e incluso les han pillado haciendo trampas. Pero una forma de saberlo es la siguiente: las constructoras acudieron a los tribunales de arbitraje para exigir el pago de los sobrecostes de las obras, y el resultado es que el árbitro sentenció que había que pagarles por sobrecostes más de lo que habían pactado con la ex cúpula procesada de Acuamed.

Es decir, que el árbitro asegura que hay que pagar a las constructoras más de lo que había pactado la ex cúpula procesada con esas constructoras. Todos los arbitrajes han dado la razón a las constructoras y Acuamed ha tenido que pagar unos 40 millones de euros por sobrecostes a las compañías.

Si no se ha podido demostrar que se inflaron los precios, ¿se ha encontrado dinero de los procesados en maletines o cajas fuertes? ¿En cuentas en el extranjero? De momento, diez años después de iniciado el proceso y finalizada la instrucción, la respuesta es que no. Nada de lo que se encontró en los registros de los domicilios de los investigados hace diez años se ha incorporado a la instrucción del caso. Nada.

Tampoco ha habido como en otros casos de corrupción del PP y del PSOE –Víctor de Aldama– un arrepentido que reconoce los delitos. Nada de esto ha ocurrido en el caso Acuamed. Ninguno de los investigados ha reconocido nada, Acuamed no se ha personado contra los directivos que están procesados, que no se ha demostrado que recibieron un euro.

Registros, calabozos, prisión, pena del telediario, carreras profesionales truncadas… Diez años, siete jueces y dos fiscales después, los procesados aguardan el inicio del juicio. Dos de ellos ya han fallecido. Sólo se ha archivado la causa contra dos ejecutivos de Acciona. Uno de ellos, Justo Vicente, está implicado ahora en el caso de corrupción socialista de Santos Cerdán y José Luis Ábalos.