El juez cierra la instrucción del ‘caso Acuamed’ sin investigar las acusaciones contra el PSOE y Narbona

La Audiencia Nacional ha cerrado la instrucción del llamado caso Acuamed sin investigar ni las acusaciones de corrupción en la compañía durante la etapa de Cristina Narbona como ministra de Medio Ambiente, que sirvieron para financiar al PSOE según las denuncias, ni las pruebas presentadas contra las denunciantes del caso, Gracia Ballesteros y Azahara Peralta, que ponían de manifiesto que hicieron supuestamente lo que acusaron a sus jefes: favorecer a determinadas constructoras.

El magistrado Antonio Piña, después de 10 años de investigaciones de varios jueces, ha comunicado el cierre de la fase de instrucción de Acuamed llevando a juicio oral a prácticamente los mismos 43 investigados que estaban señalados al principio de la investigación -archivó el caso para dos directivos de Acciona-. La Audiencia Nacional investiga en este proceso supuestos favores de la ex cúpula de Acuamed a constructoras a cambio de regalos como entradas de fútbol.

De momento, el juez no dice nada de las acusaciones que se han presentado durante la fase de instrucción contra la financiación irregular del PSOE a través de Acuamed durante la etapa de ministra de Narbona, ahora presidenta del PSOE, y que fueron destapadas por este diario.

Por ejemplo, este diario publicó en marzo de 2019 que Narbona exigía a las constructoras adjudicatarias de las desaladoras -del plan de José Luis Rodríguez Zapatero tras cargarse el Plan Hidrológico del PP- un 1% del total del contrato, según detectó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El PSOE utilizó esos fondos opacos para campañas de publicidad a favor de los socialistas en la campaña electoral de 2008, en la que Zapatero revalidó su victoria de 2004. En otras ocasiones eran las propias adjudicatarias las que tenían que pagar esas campañas de publicidad.

Este diario publicó la declaración en sede judicial de Carlos Massa, el que fuera director general de Acuamed entre 2009 y 2012, en la que decía sin tapujos que era Narbona quien encargaba esas campañas de publicidad a favor del PSOE. Es más, aclaró en el juzgado que en la empresa se afirmaba abiertamente que «si lo ha encargado Narbona, que lo pague Narbona».

Acuamed: las denunciantes

La instrucción del caso también se ha cerrado por parte de la Audiencia Nacional sin pronunciarse sobre las acusaciones y las pruebas que se han presentado durante estos años contra dos de los tres denunciantes del caso, Gracia Ballesteros y Azahara Peralta.

Las dos -una denuncia suya contra sus jefes inició este caso en 2015- tuvieron que declarar en la fase de instrucción por un supuesto desvío de fondos en la obra de descontaminación del pantano de Flix (Tarragona), que ellas gestionaban en Acuamed.

Según acusaciones de la ex cúpula de Acuamed, a la que ellas denunciaron primeramente, Ballesteros y Peralta modificaron las partidas del presupuesto de la obra para pagar casi un millón de euros a Bassat & Ogylvi y al Instituto Cerdá, entre otros, camuflados como gastos del material necesario para la descontaminación del pantano. Los pagos están confirmados por Hacienda y por la UCO, y no fueron negados por las acusadas en sus declaraciones ante el juez. La sospecha es que sirvieron para financiar ilegalmente al PSOE.

Además, en el caso de Ballesteros, hay otra denuncia que duerme en un cajón. Se trata de la modificación de las puntuaciones de un concurso para favorecer supuestamente a una constructora en concreto, Contratas Vilor.

Este diario destapó este caso en 2019 al publicar un correo electrónico entre Ballesteros y un subordinado en Acuamed en el que éste aseguraba a su jefa que ya había hecho los cambios en las puntuaciones «conforme a tus indicaciones». Ballesteros fue llamada ante el juez para declarar por este caso y aseguró que mejoró la puntuación final de Contratas Vilor porque su oferta era similar al resto de oferentes pero que «estaba desordenada».

Estas denuncias duermen en un cajón, mientras en los diez años de la instrucción del caso se han conocido sentencias de arbitrajes que han tumbado la acusación principal: que la ex cúpula infló los sobrecostes a pagar por Acuamed para favorecer a ciertas constructoras. Esos arbitrajes han determinado en todos los casos que la empresa pública pague por sobrecostes más dinero que lo que había pactado la ex cúpula con la constructora que hizo la obra.