Los cambios de Iglesias en el ingreso mínimo retrasarán la declaración de la renta de cientos de afectados

La pasada semana el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, presumió a través de su cuenta oficial de Twitter de las nuevas mejoras aprobadas en el Consejo de Ministros para facilitar y mejorar la tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Sin embargo, las nuevas medidas contemplan que los perceptores de esta ayuda estén obligados a cumplir con sus obligaciones fiscales, lo cual retrasará los trámites para realizar la declaración de la renta de cientos de afectados.

Tal y como explican desde el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos a OKDIARIO, «la nueva obligación supondrá que muchos de los perceptores de esta ayuda dejen de beneficiarse de algunos tipos de deducciones, como la de discapacidad o maternidad,  y cuando vayan a realizar su declaración de la renta se enteren de estas novedades retrasándose todos loastrámites. De pronto la gente se va a ver frente a una realidad que desconoce y que en muchos casos le va a perjudicar».

Una de las nuevas condiciones aplicadas al IMV, de acuerdo con el artículo 33 del Real Decreto que aprobó esta prestación, establece que «sus perceptores deben presentar la declaración de la renta durante los ejercicios en los que se perciba». Así los gestores administrativos critican la manera de legislar y de tomar decisiones sin pensar adecuadamente en las repercusiones que estas pueden tener en algunos de los sectores más desfavorecidos de la población.

Tanto los gestores administrativos como los propios trabajadores de la Seguridad Social, encargados de tramitar estas solicitudes, llevan meses reclamando que se lleve a cabo una revisión y actualización de los trámites necesarios para poder acceder a esta prestación. Y es que la medida estrella de Podemos no ha logrado hasta la fecha alcanzar a todas las familias que lo han solicitado y mucho menos convencer los ciudadanos.

«Si en una unidad de convivencia familiar hay un padre que tiene 50 años y tiene una discapacidad y un hijo que trabaja, a partir de este momento cuando el padre pase a percibir el ingreso mínimo vital y haga la declaración de la renta el hijo ya no podrá deducirse el importe con el que se beneficiaba por ser cuidador hasta la fecha. Esta es la consecuencia de la improvisación del Gobierno con esta medida», añaden desde el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos.

«Fiasco»

Así, la plantilla de la Seguridad Social encargada de gestionar esta prestación también se suma a la denuncia que los gestores administrativos hacen sobre las nuevas medidas y defienden que «supondrán una mayor carga de trabajo y no ayudan a mejorar la situación».

Los trabajadores de la Seguridad Social llevan meses alertando de la sobrecarga de trabajo que tienen a la hora de gestionar estos trámites y de la necesidad de simplificar los procedimientos. Fuentes de la plantilla destacan a OKDIARIO que «los nuevos criterios habrá que ver cómo se implantan. Lo que supone es un mayor número de documentación a tratar, más control y eso supone más carga de trabajo. Y habrá que ver si hay que revisar las solicitudes ya denegadas y que puedan cumplir los nuevos criterios o los posibles perceptores lo tendrán que volver a pedir».

Hoy hemos aprobado nuevas prórrogas del Escudo Social en lo referente a las moratorias de hipotecas y a los créditos al consumo. Además, introducimos mejoras sustanciales en el Ingreso Mínimo Vital para seguir ampliando este nuevo derecho social en España. pic.twitter.com/VsT2MXs9XS

— Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) February 2, 2021

De acuerdo con los datos oficiales del pasado mes de diciembre, la medida estrella de Podemos sólo había llegado a 460.000 hogares. Sin embargo, la cantidad total de personas que lo habrían solicitado sería superior a los dos millones de ciudadanos. De este modo, hasta la fecha sólo en torno a un 15% de los usuarios que han solicitado esta ayuda ha recibido el cobro de esta medida.

Hay que tener en cuenta que la tercera oleada de coronavirus ha vuelto a disparar durante las primeras semanas del 2021 las solicitudes de determinados trámites, como las prestaciones por encontrarse en un Expediente de regulación Temporal del Empleo (ERTE), que a su vez han vuelto a colapsar las oficinas. De nuevo, las citas para poder acudir de forma presencial a resolver una gestión están completas hasta al menos el próximo mes de abril y miles de ciudadanos reclaman que la situación sigue siendo insostenible.