Trabajadores de la Seguridad Social

Los funcionarios denuncian el fiasco del plan de Iglesias para agilizar el ingreso mínimo

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Pablo Iglesias, secretario general de Podemos
Natalia Mateos
  • Natalia Mateos
  • Periodista y redactora de economía en OKDIARIO. Tras tres años escribiendo sobre turismo y sus empresas, ahora estoy descubriendo el mundo de la distribución y el retail. Antes en el Palacio de la Bolsa y Cadena Cope. De Zamora y del Zamora.

Esta semana el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, presumía a través de su cuenta oficial de Twitter de las nuevas mejoras aprobadas en el Consejo de Ministros para facilitar y mejorar la tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Sin embargo, la plantilla de la Seguridad Social encargada de gestionar esta prestación denuncia que estas medidas «supondrán una mayor carga de trabajo y no ayudan a mejorar la situación».

Los trabajadores de la Seguridad Social llevan meses alertando de la sobrecarga de trabajo que tienen a la hora de gestionar estos trámites y de la necesidad de simplificar los procedimientos. Fuentes de la plantilla destacan a OKDIARIO que «los nuevos criterios habrá que ver cómo se implantan. Lo que supone es un mayor número de documentación a tratar, más control y eso supone más carga de trabajo. Y habrá que ver si hay que revisar las solicitudes ya denegadas y que puedan cumplir los nuevos criterios o los posibles perceptores lo tendrán que volver a pedir».

Al igual que sucede con el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) uno de los principales problemas a los que se enfrenta la plantilla de la Seguridad Social es la falta de personal y el continúo abandono que sufren por parte de los miembros del Ejecutivo. Tanto es así, que este mismo jueves el sindicato USO anunció la convocatoria de una huelga general de los trabajadores del SEPE en el mes de marzo, para protestar por la falta de personal y la sobrecarga de trabajo.

Por otro lado, los empleados también denuncian la falta de comunicación que existe con el ministro de Igualdad, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá: «Prefiere hacer sus comparecencias en los medios, antes que darnos las explicaciones necesarias a las personas que estamos encargadas de tramitar estos expedientes de miles de ciudadanos. Llevamos tiempo esperando refuerzos para poder hacer frente a la carga de trabajo que tenemos. Continuamos teniendo un gran problema de personal ya que solamente el año pasado se produjeron más de 1.000 jubilaciones en la plantilla».

Ante esta situación, diversos partidos políticos, como el Partido Popular, han denunciado la caótica gestión que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está llevando a cabo en cuanto al ingreso mínimo. Así, defienden que «el Gobierno tiene que ponerse a trabajar en serio para que el IMV pueda ser una solución real para las familias vulnerables de España». Por otro lado, cientos de ciudadanos han reclamado que, tras haber realizado todos los trámites necesarios, llevan meses esperando una respuesta o su petición ha sido denegada sin ningún motivo.

Tercera oleada

Hay que tener en cuenta que la tercera oleada de coronavirus ha vuelto a disparar la solicitudes de determinados trámites, como las prestaciones por encontrarse en un Expediente de regulación Temporal del Empleo (ERTE), que a su vez han vuelto a colapsar las oficinas. De nuevo, las citas para poder acudir de forma presencial a resolver una gestión están completas hasta al menos el próximo mes de abril y miles de ciudadanos reclaman que la situación sigue siendo insostenible.

El Gobierno parece no haber aprendido la lección tras la primera y la segunda oleada, y los afectados le acusan de estar cometiendo nuevamente los mismos errores. Ante esta situación, los funcionarios y trabajadores sólo piden que se lleven a cabo contrataciones de manera urgente que permitan aligerar su carga de trabajo y dar respuesta a las miles de peticiones que reciben de forma diaria por parte de los ciudadanos.

La medida estrella de Podemos sólo había llegado a 460.000 hogares, de acuerdo con los datos oficiales del pasado mes de diciembre. Sin embargo, la cantidad total de personas que lo habrían solicitado sería superior a los dos millones de ciudadanos. De este modo, hasta la fecha sólo en torno a un 15% de los usuarios que han solicitado esta ayuda ha recibido el cobro de esta medida.

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