Bruselas no examinará la fusión CaixaBank-Bankia pese a que puede incumplir las normas europeas

La Comisión Europea no va pronunciarse sobre la fusión de CaixaBank y Bankia desde la perspectiva de las ayudas de Estado, a pesar de que no ha habido un proceso de venta transparente, ni una subasta, ni una información similar para todos los posibles interesados, como exige la normativa comunitaria. Lo cual puede implicar una ventaja para la entidad catalana. El presidente del FROB, Jaime Ponce, comparece hoy en el Congreso para explicar por qué acepta la operación sin estos requisitos.

Fuentes cercanas a la Comisión explican que el organismo se va a agarrar a una de las condiciones del artículo 107 del Tratado de la UE (ayudas de Estado) para no actuar en este caso: concretamente, que todos los accionistas minoritarios de Bankia tienen la oportunidad de canjear sus acciones en las mismas condiciones que el Estado (a través del FROB, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) . En ese caso, «se considera que el Estado Miembro actúa en el proceso como lo haría un inversor privado».

Esa es la clave, porque el criterio para considerar que no se distorsiona la competencia es que el Estado actúe como lo haría un operador del mercado en las mismas circunstancias. Ahora bien, la propia Comisión tiene varios documentos (como esta guía de 2012 o esta de 2016) en los que especifica qué criterios deben seguirse para la desinversión del Estado en empresas con ayudas públicas como Bankia. Y son bastante más estrictos que simplemente dar a los accionistas las mismas condiciones que al FROB (de hecho, lo contrario está prohibido por la legislación española).

Como norma general, la venta debe hacerse en bolsa para tener un precio de mercado, que es lo que se había hecho con pequeños paquetes en dos ocasiones (2014 y 2017). Pero Bruselas entiende que a veces hay circunstancias excepcionales -como el covid en estos momentos- que hacen que la cotización no sea una referencia válida o que resulte imposible vender en mercado. En esos casos, lo que hay que hacer es lanzar un proceso competitivo con publicidad, transparencia y competencia, es decir, en el que participe más de un posible comprador. Justamente lo que el propio Ponce siempre había anunciado en sus comparecencias públicas.

La fusión con CaixaBank no cumple los requisitos

Y la operación con CaixaBank no cumple ninguno de estos requisitos. Lo que ha habido es un acuerdo privado que, de hecho, no se hizo público hasta que lo reveló en exclusiva OKDIARIO el 3 de septiembre. De hecho, la operación fue propuesta por Isidre Fainé (presidente de la Fundación la Caixa, máximo accionista de CaixaBank) directamente a la vicepresidenta Nadia Calviño, ni siquiera al FROB.

Ninguna otra entidad participó en una subasta ni, lo que es peor, accedió a la información confidencial que obtuvo CaixaBank en la due diligence para poder plantear una oferta alternativa. Y no es suficiente con la información pública aunque la entidad cotice, como se puso de manifiesto en la opa fallida de Abanca sobre Liberbank o la subasta también fallida del Popular.

El efecto negativo no es que el Estado podría recuperar más dinero del rescate con otra fórmula, sino que está ofreciendo una ventaja al comprador (CaixaBank), lo que distorsiona la competencia. Es más, antes del anuncio de la operación, Bankia cotizaba en mínimos históricos, lo que abunda en esa presunta ayuda a la entidad catalana y se contradice con otras medidas como los blindajes de empresas estratégicas contra opas extranjeras por el covid: si, en ese caso, son vulnerables porque la cotización se considera demasiado baja, parece que también debería aplicarse ese principio a Bankia (es decir, ¿la bolsa sí refleja correctamente el valor de Bankia y no el de otras empresas estratégicas?).

Lo más curioso es que la Comisión sí ha tomado cartas en otras ventas de entidades nacionalizadas, como la de la danesa Vestjysk Bank, donde exigió un proceso competitivo, o la del landesbank alemán Sachsen, en la que consideró que el bajo precio suponía una ayuda de Estado pese a que las autoridades germanas habían sondeado a interesados y habían justificado el precio con varias valoraciones independientes. El protocolo acordado con las autoridades italianas (term sheet) para el rescate del Monte dei Paschi di Siena también incluye la obligación de que la desinversión del Estado se haga en un proceso «abierto, incondicional y no discriminatorio».

El presidente del FROB tiene mucho que explicar

El FROB, que es el responsable de velar por el cumplimiento de estos requisitos, anunció en un comunicado del viernes pasado que Ponce ampliará la información sobre «los trabajos de diferentes expertos [básicamente, de BDO, firma condenada en la Audiencia Nacional por el caso Pescanova] y la recomendación favorable de Nomura» en que se basa su apoyo a la fusión.

Tendrá que explicar por qué no forzó un proceso competitivo y ni siquiera sondeó a otras entidades antes del acuerdo de fusión (sondear a posteriori ya no es válido porque cualquier interesado tendría una información y una posición negociadora muy diferentes). Una actuación que, por otro lado, contrasta con la que llevó a cabo en la absorción de BMN por Bankia, donde sí planteó un proceso competitivo.

Además, como también informó OKDIARIO, no se ha obligado a CaixaBank a lanzar una opa pese a que superará el 30% de la entidad fusionada; es más, ni siquiera se ha considerado necesario que la CNMV le conceda una dispensa de esta norma (por cierto, la CNMV es miembro de la comisión rectora del FROB, lo que algunos consideran un conflicto de interés). En el caso de que se obligara a lanzar una opa, el precio equitativo sería el máximo de los últimos 12 meses y, además, los minoritarios cobrarían en efectivo, no en acciones de CaixaBank.

Otro organismo que podría tomar cartas en el asunto es la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y Competencia). En principio, se conformará con un mero informe de trámite que diga que la fusión no tendrá una cuota de mercado que ponga en peligro la competencia, pero tal vez su nueva presidenta, Cani Fernández, analice si la operación cumple la normativa de ayudas de Estado.

A pesar de su reticencia a actuar, la Comisión Europea podría verse obligada a actuar si recibe denuncias de colectivos que se sientan perjudicados por la fusión, como podría ser algún competidor de la nueva CaixaBank-Bankia o los miles de trabajadores que van a perder su empleo con la fusión (hay un canal para ello que garantiza el anonimato).