Bruselas enfría la propuesta de España de retocar el sistema marginalista de la luz

Jarro de agua para el Gobierno de Pedro Sánchez de Bruselas. La comisaria europea de Energía, Kadri Simson, ha enfriado este martes la propuesta de España de poder retocar el sistema marginalista de precios de la electricidad a nivel nacional para que la carestía del gas no contagie a la electricidad en crisis de precios como la actual.

«No está muy claro cómo un sistema con diferentes fuentes de precios funcionaría en la práctica ni si sería mejor que el diseño del sistema actual. Cambiar el mercado es un riesgo en términos de predictibilidad de mercado, competitividad y transición a la energía limpia», ha señalado Simson en rueda de prensa.

La comisaria se refirió así al documento presentado por España de cara al consejo extraordinario de ministros europeos de Energía en el que se propone que, en situaciones de crisis se pueda separar el gas de la fijación de precios de la electricidad, así como poner un máximo al precio del gas para que no se encarezca demasiado el megavatio.

La comisaria señaló que el Ejecutivo europeo analizará la propuesta española y contestará a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

El poco entusiasmo de la Comisión se suma al rechazo frontal de media docena de países del centro y el norte de Europa que, liderados por Alemania, rechaza cualquier intervención en los mercados energéticos.

España no ha recabado aún ningún apoyo a su propuesta mientras que el grupo de países que rechazan tocar los mercados empezó siendo un bloque de nueve estados (Alemania, Austria, Dinamarca, Luxemburgo, Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia y Países Bajos) que suscribieron una declaración el lunes a la que en las últimas horas se han sumado Suecia, Bélgica y República Checa.

Fuentes de la Comisión dibujaron otros caminos para abaratar la factura en España, como fomentar contratos a largo plazo con precios estables y, a medio plazo, mejorar las interconexiones eléctricas pues están a un nivel del 6% respecto al objetivo del 15% que deberían alcanzar los estados para 2030.