BNP alerta de que el sablazo de Sánchez a las eléctricas retrasará la recuperación económica

La intervención del Gobierno de Pedro Sánchez en el mercado eléctrico pone en peligro la recuperación de la economía española tras el impacto de la crisis del coronavirus, que podría ser más lenta y más costosa por el aumento de la incertidumbre regulatoria derivada del «plan de choque» para controlar la escalada de precios en la electricidad. Una serie de medidas que, además, abren la puerta a la paralización de la producción de energía renovable durante el período de vigencia de la norma y el cierre de las centrales nucleares.

Según los analistas de BNP Exane, «las medidas para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad tienen un impacto negativo para el país en su conjunto, ya que el aumento de la incertidumbre regulatoria y el consiguiente aumento de la prima de riesgo harán que la recuperación económica española sea más lenta y más cara». «También tendrán efectos desfavorables en el sector de servicios públicos (hasta 3.200 millones de euros suponiendo que la recuperación de gas finalice el 31 de marzo de 2022 y que podría prorrogarse en el tiempo tal y como advierten los mercados de futuros)», añaden.

Además, los analistas BNP Exane recuerdan que «los clientes de electricidad verán una enorme inflación en sus facturas en los próximos meses». Así, los españoles serán los principales afectados y terminarán pagando en sus recibos las medidas impuestas por el Ejecutivo.

Avalancha de recursos en los Juzgados

Por su parte, los analistas de JP Morgan aseguran que «claramente, la intención del Gobierno era cobrar la recuperación (también conocida como impuesto) de las empresas de servicios públicos y no de los desarrolladores renovables, pero la necesidad de emitir una regulación rápidamente y el objetivo de no ir en contra de la redacción de las directivas de la UE obligó, en nuestra opinión, a evitar una exclusión específica de la capacidad renovable no regulada, con las energías renovables convirtiéndose en una víctima no intencionada».

«Sin embargo, el daño es tan significativo que el Gobierno ahora se ve obligado a buscar alguna forma de repararlo. Nos asombra ver que el Ministerio de Transición Ecológica quiere eliminar el impacto en estos proyectos renovables emitiendo una nota aclaratoria, ya que la redacción del Decreto Ley no deja dudas de que sólo se excluyen las renovables reguladas. Pero al final, es probable que el método logre su propósito y excluya aquellos proyectos renovables con PPA externos u operando bajo las condiciones de la subasta de 2017», explican.

No obstante, los analistas avisan de que «esta acción del Gobierno fortalecerá aún más el caso de las empresas de servicios públicos que acudan a presentar un recurso ante la Justicia». «Lamentablemente, los tiempos de la Corte Suprema son todavía demasiado largos para tener algún impacto en la mente de los inversores en la actualidad», calculan.

Los analistas de RBC aseguran que la recuperación del gas pone en riesgo las nuevas energías renovables. «El desarrollo de las energías renovables es el principal objetivo del Gobierno, y no nos sorprende que se esté produciendo esta aclaración, pero creemos que este tratamiento especial debilita el trasfondo legal de la regulación y facilitará la apelación de las empresas de servicios públicos establecidos», alertan.

RBC coincide con los analistas de JP Morgan en que los recursos de las empresas eléctricas contra el Gobierno podrían tardar años en resolverse y no afectarán a la salud financiera de los inversores en el corto y medio plazo.