Bildu y Podemos presentan iniciativas legales para castigar la deslocalización de empresas como Ferrovial

El Grupo Parlamentario Bildu ha presentado una proposición no de ley para impedir la deslocalización de empresas (como Ferrovial) y obligarlas a la devolución de los fondos públicos que hayan obtenido si abandonan el país, así como a mantener el empleo. Al mismo tiempo, Podemos ha registrado una iniciativa similar, en este caso una proposición de ley que ha sido enviada al Gobierno -del que forma parte- para consulta, contra la eventual huida de actividades estratégicas. La propuesta de Bildu se debatirá hoy en el Congreso y probablemente se vote el jueves. En ambas iniciativas legales, los dos partidos hacen un alegato en favor del control del Estado sobre la vida de las empresas que no tiene cabida en la legislación comunitaria.

De hecho, ayer la Comisión Europea informó de la apertura de un expediente sancionador contra España por no haber cumplido el plazo que expiró el pasado 31 de enero para transponer a su legislación nacional -e informar de ello a Bruselas- e incorporar la nueva norma que armoniza las reglas para traslados, fusiones y divisiones de compañías en el espacio comunitario, lo que facilitaría a Ferrovial el cambio de sede a Países Bajos. En caso de que no se resuelvan los problemas, los servicios comunitarios podrán enviar un dictamen motivado, segunda fase del expediente, que ofrece un nuevo plazo de diálogo para avanzar en la solución antes de decidir si pasan a la tercera y última fase del proceso, que supone denunciar al Estado miembro ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Según Bildu y Podemos, la decisión de Ferrovial de trasladar su sede fuera de España ha puesto sobre la mesa la necesidad de los estados de dotarse de mecanismos que protejan a sus trabajadores y a la ciudadanía en general de estos procesos, ya sean los relativos a la producción o los referentes al cambio de domicilio por motivos fiscales. En la exposición de motivos de las iniciativas de los dos partidos se acusa a estas empresas de poner rumbo a estados caracterizados por una estructura fiscal y normas legales más ventajosas y flexibles, y tienen como primer paso, que a menudo se prolonga en el tiempo, situar los focos de decisión y de poder en el exterior. «Estas compañías suelen apelar a situaciones de supuesta inseguridad jurídica para camuflar un intento de obtener ventajas fiscales que no tienen en el país de origen. Asimismo, se suele recurrir a la amenaza de la deslocalización para recortar salarios y empeorar las condiciones laborales de los trabajadores».

La propuesta de Bildu demanda que la obtención de fondos, subvenciones o ayudas públicas esté condicionada a la imposibilidad de deslocalizar mediante el traslado de su actividad o parte de ella, así como por el traslado de su sede social o fiscal durante, al menos, los cinco años posteriores a la última financiación pública obtenida. También pide desarrollar y aprobar la legislación necesaria para que, en caso de producirse la deslocalización de empresas, éstas estén sujetas a la obligación de devolver la financiación obtenida de fondos o ayudas públicas otorgadas por las diferentes administraciones en, al menos, los últimos 10 años, así como desarrollar y aprobar de manera urgente la legislación necesaria para proteger y asegurar los puestos de trabajo en caso de deslocalización de empresas con financiación pública producidas por traslado de su sede social o fiscal.

Bildu también defiende «un papel proactivo por parte del sector público, que debería ser encargado de impulsar políticas verticales que permitan al Estado ser vertebrador de este proceso y convertirse en un Estado emprendedor con capacidad de decisión y control, capaz de asumir el riesgo de la innovación a través de la elección de sectores económicos estratégicos, con ventaja productiva frente a otras economías y a través de los cuales puedan generarse efectos de arrastre a otros sectores. Esta figura del Estado emprendedor e impulsor de políticas estratégicas requiere de fuertes inversiones, pero también de un compromiso por parte de las empresas y centros de actividad que sean beneficiarios de las ayudas o subvenciones públicas recibidas.».

La proposición de ley presentada por Podemos parece copiada, o viceversa, de la de Bildu. En la de Podemos, también se lee que «el Estado debe asumir un rol proactivo y emprendedor como la herramienta fundamental para apuntalar las bases de la actividad económica estratégica y las empresas que la componen». Y en ella se exige igualmente, entre otras cosas, la obligación de devolver las subvenciones o ayudas públicas en el caso de la deslocalización de una sociedad de capital, industrial o unidad productiva o el traslado de su domicilio social o fiscal a otro Estado dentro de los 10 años posteriores a la concesión de una subvención para fomentar el desarrollo o mantenimiento de actividades estratégicas o la realización de inversiones de carácter industrial, o para la internacionalización y la mejora de la competitividad.