Bruselas impondrá la sanción máxima a España si el Gobierno no acomete la reforma de las pensiones

La Comisión Europea ha alertado de que no cumplir las reformas fundamentales de un plan de recuperación, como es la de pensiones en el caso de España, «costará mucho», mientras en Madrid el Gobierno ha seguido defendiendo la rápida ejecución del plan ante la delegación de europarlamentarios, los hombres de negro.

El Gobierno de Pedro Sánchez se expone a la suspensión de parte de los fondos del siguiente tramo del plan de recuperación si no cumple con los plazos acordados con Bruselas para sacar adelante la reforma de las pensiones, ya que se aplicaría la máxima sanción prevista en el procedimiento de suspensión de pagos para los retrasos en la entrada en vigor. «Costaría mucho», han explicado fuentes comunitarias sobre las consecuencias para el desembolso de los 10.000 millones siguientes previstos para España en el cuarto pago del fondo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea (UE).

Bruselas ya amenazó en octubre a Pedro Sánchez con congelar los fondos Next Generation por la falta de control en su reparto, y después ha insistido en la posibilidad de tomar medidas si el Gobierno no acomete la reforma prometida de las pensiones.

«No cumplir una reforma fundamental de un plan (de recuperación) costará mucho, como debe ser», han asegurado fuentes comunitarias al ser preguntadas en particular por la reforma de las pensiones en España, cuya culminación estaba comprometida para el cierre de 2022 y lleva ya casi dos meses de retraso.

El Ejecutivo comunitario ha publicado este martes un documento que detalla la metodología que utilizará para aprobar pagos parciales a los Estados miembros cuando considere que algunos de los compromisos que contempla un desembolso no han sido totalmente satisfechos.

En este caso, la cifra a desembolsar se reduciría por cada incumplimiento en una cantidad igual a la división de todos los fondos asignados por país entre total de hitos y objetivos del plan, que en el caso de España son 69.500 millones entre 415 hitos.

Sin embargo, esa penalización podría multiplicarse por cinco para aquellos compromisos «relacionados con la entrada en vigor de una reforma o el paso final para la implementación de una reforma no legislativa».

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, estuvo el lunes en Bruselas, donde dijo que el Gobierno está muy cerca de cerrar la reforma de la que depende que España cobre completo el siguiente tramo del fondo de recuperación, de 10.000 millones de euros, un pago que aún no se ha solicitado.

Este martes por la tarde en Madrid, Escrivá se ha reunido con los miembros del Comité de Control Presupuestario del Parlamento Europeo que esta semana visitan España para supervisar la gestión de los fondos europeos, después de que durante la mañana lo hiciera la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Montero ha explicado que España, como país más adelantado en la ejecución de los fondos, ya ha alcanzado un 75% de obligaciones reconocidas de todos los recursos presupuestados para 2021 y 2022, y ha destacado que el despliegue de esos recursos se ha caracterizado por la gestión conjunta con las comunidades autónomas y ayuntamientos.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha dicho que tiene la impresión de que los europarlamentarios están «sorprendidos» por los instrumentos puestos en marcha por el Gobierno de España para mejorar la ejecución y el control de los fondos europeos, que refuerzan los sistemas de auditoría, de control y de prevención del fraude y que permiten anticiparse a los conflictos de interés.

No obstante, como informa este martes OKDIARIO, los europarlamentarios de lo que están sorprendidos es de que la ministra de Economía, Nadia Calviño, no contestara el lunes a sus preguntas. En especial, a las relacionadas con la reforma del delito de malversación, que puede dejar impune el fraude en el reparto de los fondos.

Uno de estos controles es el sistema integral de seguimiento y gestión de los hitos y objetivos (CoFFEE) y el otro, el sistema de detección de conflictos de intereses ex ante mediante minería de datos (Minerva), dos instrumentos que son una prueba del control interno con que se gestionan los fondos y que además se complementan con la formación de más de 2.200 empleados públicos que trabajan con fondos europeos.