BBVA utilizó un informe que «no existe» para no compensar a los propietarios de Madrid Nuevo Norte

BBVA y grupo Duch basaron parte de la estrategia para dar por buena la puesta en marcha del desarrollo urbanístico de Madrid Nuevo Norte en un informe de 2002 que, según el portal de transparencia del ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, no existe. O al menos no hay constancia de ese dictamen por ninguna parte, como consta en la información a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

Si tiene o no razón BBVA o los herederos de grupo Duch, que ahora son Crea Madrid Nuevo Norte, en quedarse los terrenos, es algo que dirimirá la justicia, y en cuyo proceso están inmersos, puesto que, aunque no se duda de que les fueron adjudicados, muchos de los que fueron propietarios reclaman los metros que les corresponden. Los llamados reversionistas piden hacerse con el suelo que era suyo o, por cumplir con todo lo que se pactó, que BBVA y los nuevos tenedores del terreno atiendan sus demandas -como se comprometieron en la adjudicación-.

Pero más allá de las razones judiciales que están por dirimir, la realidad es que la resolución del conflicto con los reversionistas se valió de un documento, un dictamen que, como prueba la portada de este artículo, a nadie le consta que exista.

Compromiso BBVA – ‘reversionistas’

Para lograr la adjudicación de los terrenos, BBVA pactó hacerse cargo de los reversionistas, es decir, de los propietarios originales que pedían que, dado que los terrenos no se iban a usar para el fin por el que les fueron expropiados, les fueran devueltos.

Tanto BBVA como Duch atendieron esa petición, pero los años fueron pasando -para todos, puesto que el proyecto de urbanización de esa zona de Madrid no avanzaba en ningún sentido- y no terminó nunca de resolverse ese asunto.

Una de las maneras de darle carpetazo fue aludir a un dictamen con fecha 9 de octubre de 2002, al que habían aludido desde Adif y el propio Gobierno entonces, en el que se hablaba de la resolución del conflicto y se daba por hecho que los terrenos quedaban perfectamente adjudicados.

De hecho, BBVA y Duch trasladaron la responsabilidad al Gobierno, gracias al «dictamen del 9 de octubre de 2002» que eliminaba «la obligación […] de hacerse cargo de los reversionistas».

La realidad es que los afectados, reversionistas y tenedores de sus derechos actuales, han solicitado ese informe, y no parece que éste exista. De hecho la respuesta que les dan es clara: «Una vez analizada esta solicitud, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo III del Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, cabe señalar que, realizada una búsqueda en los archivos, no nos consta que exista un dictamen de la Abogacía del Estado como el que se expresa en la solicitud. En vista de ello, dado que el organismo que resuelve la solicitud no dispone de la información y que debido a la naturaleza de esta y de las competencias de dicho Centro Directivo, ningún otro organismo dispondría de aquella, la solicitud de información carecería de objeto».

Las claves del conflicto

Grupo Baraka es quien se hizo cargo de los derechos de las familias dueñas de los terrenos que, tras su expropiación, fueron adjudicados a BBVA y el Grupo Duch.

La ley permitía a quienes les expropiaban un terreno para cualquier función pedir su devolución si se dejaban de usar esas tierras para el objeto que llevo a la expropiación: desafectar el suelo, por ser técnicos.

Dado que los terrenos se expropiaron desde Adif para diversos asuntos relacionados con el transporte ferroviario, cuando dejaron de usarse para ello las familias exigieron su derecho a recomprar esos terrenos que eran suyos -pagando lo que se conoce como justiprecio-. Como los terrenos no habían sido desafectados, constó su reclamación, pero se solicitó que volvieran a hacerlo tras desafectarse el suelo.

Los intereses cruzados con la operación de Madrid Nuevo Norte pasaron entonces a enfrentar a las familias con BBVA -entonces sólo Argentaria y Grupo San José- o Crea Madrid Nuevo Norte -entonces Grupo Duch- porque se hizo una adjudicación del terreno sin que los propietarios pudieran pagar primero el justiprecio. Por ello, cuando el Estado lanzó esa adjudicación, todas las grandes corporaciones decidieron retirarse, pero BBVA no lo hizo, prometiendo hacerse cargo de esos «reversionistas».