BBVA asegura que el piso expropiado por Colau está ocupado por «una familia vulnerable»

El Ayuntamiento de Barcelona de Ada Colau ha expropiado por primera vez el derecho de uso de un piso vacío. La medida, que se extenderá durante diez años, se ha hecho en base a la acusación de que el citado piso ha estado en desuso por un periodo de más de dos años. Sin embargo, desde BBVA defienden que «esta vivienda no ha estado vacía durante los dos últimos años y, de hecho, actualmente está habitada por una familia vulnerable».

El piso expropiado a BBVA se encuentra en el barrio de Besòs, conocido por ser uno de los barrios de menor renta de Barcelona. Además de esta expropiación, el Ayuntamiento también ha multado por primera vez a una sociedad, cuyo nombre no se ha hecho público, por no ofrecer un alquiler social a una familia antes de proceder a su desahucio. El importe de esta multa es de 90.000 euros.

«El banco está recurriendo este proceso de expropiación de uso temporal. Además, desde julio de 2018 esta vivienda está ofrecida en venta, con un importante descuento a las administraciones públicas en el derecho de tanteo, dentro de la operación de venta de Cerberus». Según ha explicado la concejala Lucía Martín, la operación supondrá unos 10.000 euros.

Otros siete procedimientos abiertos

Además, Martín también ha señalado que el Ayuntamiento se encuentra analizando otros siete procedimientos en los que, de no alcanzar un acuerdo con las entidades, el conflicto podría terminar en otras expropiaciones. Antes de llegar a este desenlace, la concejala ha explicado que el Instituto Municipal de Vivienda pone en marcha un proceso de mediación para evitar en la medida de lo posible llegar a este extremo.

Esta expropiación ha tenido lugar en un piso situado en la calle Palerm, y la compañía ya habría interpuesto un recurso contra la medida de Colau. “No tenemos afán recaudatorio, sólo queremos enviar un mensaje de que la vivienda es un problema social y que tenemos que corresponsabilizarnos. No permitiremos abusos”, ha asegurado Martín.

En la actualidad, el Ayuntamiento de Barcelona tiene abiertos 300 procesos  contra grandes tenedores y solo en el pasado mandato se cobraron alrededor de 165.000 euros en multas por malas prácticas.