La banca quiere hacer negocio con las ayudas a pymes y autónomos del Gobierno anunciadas por Botín

El anuncio que hizo Ana Botín el miércoles de que el Gobierno prepara ayudas directas de capital para pymes y autónomos tiene muchas papeletas de desarrollarse mediante préstamos participativos concedidos por la banca con el aval del ICO, ya que la SEPI no tiene capacidad para gestionar estas ayudas. Un sistema con el que el sector obtendría rentabilidad y que podría tener tanto éxito como los créditos avalados por el instituto público de 2020.

El propio Gobierno lanzó el globo sonda de la posibilidad de utilizar préstamos participativos el miércoles a través de la agencia Bloomberg. Estos préstamos son lo que se llama títulos híbridos entre deuda y capital: tienen forma de préstamo y pagan intereses (la rentabilidad que obtiene la banca), pero computan como fondos propios como las acciones y, de hecho, en caso de quiebra cobran los penúltimos solo por delante de estas. Es decir, su estructura es parecida a la de las participaciones preferentes de tan mal recuerdo para los clientes de las antiguas cajas de ahorros.

Pero no sería el banco el que asumiría ese riesgo, porque estos préstamos estarían avalados por el ICO. Es decir, sería el Estado el que perdería el dinero si la inyección no soluciona el problema y la pyme acaba quebrando igualmente. Por tanto, equivale a conceder ayudas estatales directas. Francia también esta explorando esta vía de los préstamos participativos.

Sobre el papel, esta fórmula es la mejor alternativa para llevar a cabo estas ayudas directas. Si el Gobierno tiene que entrar directamente en el capital de las empresas, ¿con qué instrumentos cuenta? Solo la SEPI, que en teoría solo puede ayudar a grandes empresas y que en ningún caso tiene capacidad para inyectar capital a millones de pymes y autónomos. Tendría que crear otro organismo, probablemente en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos… lo que significaría más burocracia, lentitud y enfrentamientos entre administraciones.

Los bancos, los mejores conocedores de la solvencia de las pymes

En cambio, puede utilizar las redes de oficinas de los bancos, que conocen mejor que nadie a las pymes y autónomos que son sus clientes, y son las únicas que pueden diferenciar con criterio entre las empresas solventes a las que merece la pena rescatar y aquellas que no tienen futuro y donde poner dinero público sería tirarlo. Es decir, un esquema similar a los créditos ICO del año pasado que tan bien ha funcionado (tras los traspiés iniciales).

Evidentemente, la banca está encantada con este esquema de préstamos participativos y deseando que se ponga en marcha para participar e incrementar así su alicaído negocio: concede nuevo volumen de préstamos que generan intereses (márgenes) y sin riesgo porque, si la operación sale mal, pierde el Estado. Miel sobre hojuelas. Ahora bien, es de suponer que el ICO exija a cambio que las entidades asuman una parte del riesgo, al igual que sucede con los créditos actuales: en estos productos, el banco sufre el 20% de la pérdida en caso de impago (30% si se trata de una empresa grande).

De hecho, algunas fuentes consideran que los préstamos participativos pueden ser «el gran producto bancario» de 2021, igual que los créditos avalados por el ICO lo fueron en 2020 y permitieron que los balances y las cuentas de resultados del sector financiero no se vinieran abajo por culpa de la crisis económica provocada por el covid.

Perdonar los ICO choca con Bruselas

Precisamente, los créditos ICO también son objeto de otro globo sonda del Gobierno en la misma información de Bloomberg. Según esta agencia, el Ejecutivo de Pedro Sánchez está contemplando perdonar una parte de estos créditos a las empresas en mayores dificultades para ayudarlas a sobrevivir a la crisis.

Esta posibilidad ha sido muy bien recibida por inversores y analistas que consideran que sería muy bueno para que la economía española se recupere de verdad, a la luz de las negras previsiones para este año por la gestión de la crisis que están haciendo Pedro Sánchez y Pablo Iglesias: Ana Botín también recordó que España es el país que menos dinero se ha gastado para paliar el impacto de la pandemia en la economía. El problema, claro está, sería el incremento del déficit y la deuda públicos que conllevaría. Pero dado que esa batalla está perdida, mejor gastar el dinero público en eso que en subvenciones y gasto improductivo, según las fuentes consultadas.

Ahora bien, otro problema bastante más importante sería lograr el visto bueno de Bruselas a esta medida, puesto que se trataría claramente de una ayuda de Estado. Y, aunque la Comisión Europea ha levantado mucho la mano en las ayudas debido a la situación excepcional, perdonar deudas avaladas por un Estado sería ir demasiado lejos.

«Si varios países toman esta medida, puede ‘colar’. Pero si solo la propone España, no la van a aprobar en Bruselas», concluye una de las fuentes consultadas. Y, de momento, nadie más la ha planteado en la UE.