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Las bajas laborales se disparan en 2024 y dejan un agujero de 5.000 millones en los Presupuestos

Las bajas laborales se disparan un 38% desde 2022 y ya acumulan un gasto de 15.000 millones para la Seguridad Social

ingreso mínimo
Elma Saiz, ministra de Seguridad Social.
Carlos Ribagorda

Los problemas para Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, con los Presupuestos Generales no se limitan a cómo aumentar el gasto en Defensa con las cuentas prorrogadas. En 2024, las bajas laborales se han disparado y han desbordado el presupuesto de la Seguridad Social en casi 5.000 millones de euros.

El gasto en bajas laborales por contingencias comunes se ha elevado un 38% desde 2022, cuando entró en vigor la reforma laboral, y ha superado los 15.000 millones de euros, frente a los 10.500 presupuestados por el Ejecutivo. El gasto de la Seguridad Social en pagar las bajas laborales es superior ya a los 41 millones. La ratio se sitúa a cierre de 2024 en 53,3 por cada 1.000 trabajadores.

Además, hay que sumar las bajas por contingencias profesionales, que elevan la factura total para la Seguridad Social en 2024 a más de 16.000 millones de euros, un 17% más que en 2023.

Las bajas laborales se han convertido en un problema para el Ejecutivo, sobre todo porque los Presupuestos están prorrogados desde 2023, ejercicio en el que ya se quedaron obsoletos por el incremento en las bajas laborales: en 2023 el gasto ascendió a 12.638 millones de euros.

Es cierto que al aumentar el número de trabajadores afiliados, ha cerrado 2024 en 21,24 millones, se incrementa también el número de bajas laborales. Pero el coste se ha desbordado de manera extraordinaria. En 2024 el gasto fue de 15.021 millones, por lo que se ha incrementado desde 2022 en un 38% y en casi 5.000 millones.

El incremento de las bajas laborales en 2023 y, sobre todo, en 2024 es similar al que se ha producido en los cinco años anteriores de mandato de Sánchez, de 2018 a 2022 incluido.

Esto ha obligado a la Seguridad Social a modificar el Presupuesto de la Seguridad Social, a buscar fondos de debajo de las piedras para poder afrontar esos pagos.

Porque los ingresos por cotizaciones se han elevado, pero lo han hecho en menor medida que los gastos para pagar las pensiones contributivas: un 7,9% frente al 7,2% de mejora de las cotizaciones sociales -por la mejora del empleo y por la subida de los impuestos a empresas y trabajadores para destinarlo a pagar las pensiones de los boomers-.

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Por lo tanto, al final la Seguridad Social ha conseguido más fondos de los Presupuestos Generales. En concreto, según sus propios datos, ha recibido de la Administración central 43.082 millones en transferencias en 2024, casi 4.000 millones más que en 2023.

Estas transferencias directas del Gobierno, que se han disparado desde que gobierna Sánchez, son para que la Seguridad Social pague las pensiones no contributivas y otras prestaciones familiares. Permiten al departamento que dirige Elma Saiz destinar fondos a otras cuestiones, como las bajas laborales.

Además, el Gobierno ha sacado dinero del Fondo de Contingencia -la hucha de los imprevistos que hay en los Presupuestos- para dárselo a la Seguridad Social y poder afrontar estos gastos extra. Sólo en octubre destinó 1.500 millones de este Fondo a la Seguridad Social.

Bajas laborales: 2025

La situación no ha mejorado en los dos primeros meses del año. En enero y febrero de 2025, el gasto en bajas laborales se ha comido ya el 20% del presupuesto de la Seguridad Social para el conjunto del ejercicio -si no se aprueban unas nuevas cuentas-.

Eso significa que, a este ritmo, en octubre se habrán acabado ya los fondos presupuestados y la Seguridad Social necesitará de nuevo buscar fondos de otras partidas para hacer frente al pago de la nómina de los trabajadores que están de baja.

El Gobierno está tratando de introducir en la legislación las bajas flexibles, es decir, que los trabajadores que están enfermos puedan incorporarse a su puesto de trabajo de manera paulatina, siempre que los médicos lo aprueben y de forma voluntaria.

La ministra Saiz ha desligado esta iniciativa del Gobierno, que aprueban las empresas, pero rechazan los sindicatos, de un intento de reducir la creciente factura de las bajas laborales.

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