La Audiencia Nacional pide la imputación de Fernández Ordóñez por la salida a Bolsa de Bankia
La Audiencia Nacional ha pedido al juez Fernado Andreu que impute al ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por su responsabilidad en las irregularidades cometidas en la salida a Bolsa de Bankia en 2011. Junto al político socialista el tribunal pide también la imputación del que hasta hace pocas semanas era subgobernador de la institución, Fernando Restoy, y del ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura.
La Sala Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional pide la imputación de estos altos cargos de los organismos supervisores por considerar que existen indicios suficientes de la comisión de delitos en la citada operación bursátil, realizada cuando el ex vicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato, era el máximo responsable de la entidad financiera.
El magistrado ha imputado ya a una treintena de altos cargos de Bankia, capitaneados por el citado Rodrigo Rato, a los que se suma la firma Deloitte como persona jurídica y el auditor Francisco Celma, que fue el encargado de fiscalizar las cuentas de la entidad antes del debut bursátil.
Según adelantó en exclusiva OKDIARIO, el Gobierno socialista del José Luis Rodríguez Zapatero diseñó en 2011 una operación de salvamento de Bankia a través de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, y del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
La estrategia consistió en presionar a las grandes empresas del Ibex-35 para que compraran títulos de la entidad financiera en la salida a Bolsa que ahora está siendo investigada en la Audiencia Nacional.
En su auto, los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional admiten parcialmente el recurso de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) contra el auto del juez instructor Fernando Andreu que rechazó la práctica de una serie de diligencias solicitadas en el marco de la investigación.
La Audiencia Nacional considera procedente la petición de llamar a declarar como imputados a los que fueron máximos responsables del Banco de España y de la CNMV en la salida a Bolsa de Bankia, ya que eran los responsables de vigilar y supervisar la operación. La acusación considera que Fernández Ordóñez y Segura la autorizaron pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del Banco de España sobre la inviabilidad del grupo y de que la salida a Bolsa suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes (estimado en unos 15.000 millones de euros).
«Indicios múltiples de criminalidad»
La Sala Tercera de lo Penal valora así la prueba testifical y los correos electrónicos intercambiados por el inspector del Banco de España José Antonio Casaus con sus superiores que arrojan dudas sobre la correcta actuación del organismo supervisor, y califica de «razonable y razonada» la pretensión de la CIC al estimar que existen indicios «múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad» en esta conducta.
De este modo, la Audiencia Nacional asume los argumentos de la acusación, que señaló al Banco de España y a la CNMV por haber ofrecido una «inestimable colaboración» a la ex cúpula de Bankia como «cooperadores necesarios» de las supuestas irregularidades e «incitar» a la entidad a efectuar lo que denominó una «huida hacia delante».