Los asesores de la SEPI en Abengoa se eternizan por temor a que les denuncien tras el caso Plus Ultra

El rescate de Abengoa corre el riesgo de alargarse más allá de fin de año por la tardanza de los asesores de la SEPI en elaborar sus informes, que aún no están listos pese a estar encargados desde julio. El temor a acabar en los tribunales después del caso Plus Ultra les hace ir con pies de plomo en una empresa cuya viabilidad es muy cuestionable, como la de la aerolínea o la de Duro Felguera. Su temor es acabar en los tribunales.

A finales de julio, la SEPI nombró asesores para la solicitud de ayuda pública de 249 millones solicitada por Abengoa a PKF Attest para la parte jurídica y a Grant Thornton para la económica (después de un largo proceso porque casi ninguna firma quería participar; por ejemplo, las big four). Se supone que llevan trabajando desde entonces, pero a fecha de hoy todavía no han entregado sus informes preceptivos para que la SEPI dé luz verde al rescate.

Fuentes cercanas a la SEPI explican esta enorme demora por la misma razón por la que casi nadie quería asesorar al holding público en este proceso: el temor a acabar denunciadas ante los tribunales si la operación sale mal. «Es un trago para los asesores firmar que Abengoa [en realidad, Abenewco 1, su filial operativa] es una empresa solvente, que tiene un plan de negocio creíble y que será capaz de devolver el dinero público», según una de ellas.

Hay que recordar que el grupo Abengoa tiene unos fondos propios negativos de más de 4.900 millones por lo que es muy dudosa su viabilidad incluso con el dinero de la SEPI y Terramar, y con la nueva refinanciación de su enorme endeudamiento por parte de los bancos y fondos acreedores. Por tanto, afirmar que es viable y que se acabe perdiendo el dinero público puede acarrear responsabilidades judiciales para los citados asesores.

Este temor se ha agravado, como es lógico, después de que el polémico rescate de Plus Ultra haya acabado en los tribunales y haya salpicado a los asesores de la SEPI, Daiwa y Deloitte. Como informó en su día OKDIARIO, los asesores independientes de la SEPI se escudan en los informes internos y los datos de la propia sociedad para salvar su responsabilidad (así lo recogen en multitud de disclaimers), lo que a su vez genera grandes resistencias entre los técnicos del holding para elaborarlos. No en vano, la estrategia habitual de defensa de los cargos políticos imputados por Plus Ultra es echar la culpa a los técnicos.

Se acaba el tiempo para rescatar a Abengoa

El caso de Abengoa y Abenewco 1 es especialmente sangrante. Como es bien conocido, el grupo lleva desde agosto de 2020 sin ser capaz de refinanciar su abultada deuda con un plan de salvación que evite su quiebra, debido a numerosos factores: la negativa de la Junta de Andalucía a poner 20 millones que había prometido, la respuesta del ICO (dependiente de Economía) negándose a avalar los 230 millones de nuevo crédito que necesita, la revuelta de los accionistas minoritarios cuyas acciones no valdrían nada con ese plan o el concurso de acreedores de la matriz, Abengoa S.A., forzado por Banco Santander.

Ante esta situación, la única salida era pedir el rescate a la SEPI y buscar inversores dispuestos a poner nuevo capital: a pesar de los rumores y los incesantes anuncios, el único que ha hecho una oferta es el fondo norteamericano Terramar, de 200 millones, 60 en capital y 140 en forma de deuda. Hoy por hoy, es el único escenario con el que están trabajando los acreedores, el administrador concursal de la matriz, la SEPI y sus asesores.

El problema es que el retraso de estos informes preceptivos probablemente va a impedir que se formalice el rescate después de fin de año, que es la fecha en la que expira formalmente la oferta de Terramar. Todos los implicados dan por hecho que alargará ese vencimiento para esperar a la SEPI, pero siempre existe el riesgo de que el fondo se eche atrás. En cuyo caso, el concurso de acreedores de Abenewco sería inevitable.