La alta inflación subyacente refuerza la oposición de los empresarios a subir salarios como pide Sánchez

La resistencia a la baja que muestra la inflación subyacente -sin alimentos elaborados ni energía- refuerza la oposición de los empresarios a subir los salarios tal y como está pidiendo insistentemente el presidente Sánchez y también la vicepresidenta Yolanda Díaz, tradicionalmente aliada de las centrales sindicales. Los ejecutivos consultados por OKDIARIO creen que ha sido un acierto haber aguantado hasta la fecha las presiones de los sindicatos en favor de un aumento de las retribuciones y que ésta es la estrategia a seguir. «Lo contrario habría consolidado aún más las tensiones inflacionistas y habría causado un perjuicio final enorme tanto a las familias como a las empresas», aseguran.

Según el indicador adelantado del Instituto Nacional de Estadística, la inflación subyacente subió en noviembre una décima, hasta el 6,3%, a sólo cinco décimas del IPC general. Este repunte se produce después de haber estado dos meses en el 6,2%. Los medios consultados creen que este nivel marca un suelo para el descenso de los precios que aconseja evitar las «prácticas de indiciación de la economía». Por otra parte, el hecho de que la inflación subyacente no ceda apunta a que las tensiones en los precios se han filtrado al conjunto del sistema productivo, aumentando los costes de las empresas. «Hay que evitar a toda costa que este proceso se consolide por la vía de los salarios».

El Gobierno, sin embargo, permanece en una posición inalterable en favor de que los trabajadores recuperen poder adquisitivo. El pasado domingo, Sánchez reclamó a la patronal de empresarios CEOE, a cuyo frente seguirá por otros cuatro años Antonio Garamendi, que se siente a negociar con los sindicatos para lograr un acuerdo en materia de salarios con el objetivo de mitigar los efectos derivados de la inflación en los bolsillos de los trabajadores.

La exigencia se produjo en su primer discurso como presidente de la Internacional Socialista celebrado el pasado fin de semana. «Pido a los empresarios que se sienten con los sindicatos para lograr ya un acuerdo salarial que dé seguridad a los trabajadores», afirmó durante su intervención, en la que destacó la promoción de los derechos laborales como una de las principales líneas de actuación de su mandato al frente de la IS.

Pero Antonio Garamendi ha rechazado repetidamente negociar «ni ahora ni nunca» un acuerdo con cláusulas que vinculen directamente las remuneraciones a la inflación y ha insistido en que esos mecanismos son una «trampa» que daña la competitividad de las compañías y la creación de puestos de trabajo. Su alternativa es que los salarios se vinculen a la productividad de los empleados, y en su opinión esto ya se está produciendo poco a poco en la firma de los convenios de empresa. El responsable de CEOE ha acusado también a los sindicatos de falta de flexibilidad por reclamar la inclusión de estas cláusulas en el marco de un nuevo acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Esta rigidez en su posición es lo que hace «imposible» llegar a una consonancia entre ambas instituciones, según Garamendi.

Las presiones para que los empresarios suban los salarios han sido muy insistentes también de parte de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz, que lleva meses reclamando a la CEOE que vuelva a la mesa de diálogo con los sindicatos porque «hay que subir los salarios y mejorarlos sustancialmente». Además, ha avanzado que convocará la mesa para aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) cuando el informe de los expertos esté concluido y se conozca el cierre del impacto de la inflación.

Los empresarios rechazan igualmente un aumento del SMI porque incrementaría los costes de las compañías, disuadiría la contratación de nueva mano de obra, impulsaría los despidos y convertiría en inempleables a los jóvenes y a las personas de menor cualificación, como ha señalado alguno de los informes encargados por Díaz sobre el impacto de un incremento del salario legal sobre la creación de puestos de trabajo. En concreto, el informe realizado por la catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco Sara de la Rica, que calculaba en unos 30.000 los empleos perdidos por el tenaz aumento del salario mínimo durante los últimos años, y que fue providencialmente ocultado por la vicepresidenta.

Finalmente, el Banco Central Europeo se ha pronunciado con reiteración sobre el peligro que representa la indiciación de la economía, y la amenaza que supone que la inflación se traslade a los salarios empujando los llamados efectos de segunda ronda, que conducirían inexorablemente a un mayor endurecimiento de la política monetaria y subidas más intensas y persistentes de los tipos de interés.