Denunciada en la Audiencia Nacional

Acuamed quiere readmitir a la acusada de desviar fondos pese a que el juez considera legal su despido

Francisco Baratech, presidente de Acuamed, previa consulta con el ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera, tiene intención de readmitir en la compañía pública a Azahara Peralta, una de las denunciantes de la supuesta corrupción de la ex cúpula de la compañía, pese a que la Justicia ha declarado no nulo su despido y ha sido acusada en la Audiencia Nacional del desvío de fondos de una obra de la que era responsable.

Acuamed Constitucional
Imagen de la sede de Acuamed, en Madrid.

Azahara Peralta, que era la directora de Obra de la descontaminación del embalse de Flix, en Tarragona, fue despedida a mediados de 2015 por no aceptar, según su versión, las presiones de sus superiores para favorecer a FCC, constructora encargada del desmantelamiento del embalse. Ella era la directora de esa obra.

Tras ser despedida denunció una supuesta corrupción de la ex cúpula de la firma que dio origen -junto a la denuncia de otros dos directivos- al llamado ‘caso Acuamed’ -supuestamente inflar los sobre costes de las obras a cambio de sobornos-. Peralta denunció su despido por improcedente y acusó a su superior, Gabriela Mañueco, de acoso laboral. En un primer momento, en diciembre de 2017, la Justicia dio la razón a Peralta y obligó a la empresa a readmitirla.

La compañía pública recurrió esa primera sentencia y el pasado viernes el TSJM declaró no nulo el despido pero sí improcedente. También niega que Peralta fuera acosada por su superior, Gabriela Mañueco. En consecuencia, la empresa tiene que indemnizar a Peralta pero no tiene obligación de readmitirla.

Sin embargo, Francisco Baratech, que era director general de Acuamed cuando recurrió la primera sentencia y ahora es presidente, tiene intención de readmitirla en su puesto en la empresa pese a que no está obligado por la justicia. Baratech -en la imagen- sigue al frente de la compañía y lo único que ha cambiado entre diciembre de 2017 y marzo de 2019 es el color del Gobierno: ahora manda el PSOE, que utilizó este supuesto caso de corrupción en la oposición para desgastar al Gobierno de Mariano Rajoy.

Tras la sentencia del TSJM del pasado viernes la compañía no tiene obligación de readmitirla, solo de indemnizarla. El plazo para hacerlo es de siete días por lo que este viernes o el lunes la compañía tiene intención de olvidar la sentencia del TSJM y aprobar su reincorporación. Un movimiento que es interpretado por actores del caso como un «premio» del PSOE a la denunciante de un supuesto caso de corrupción contra el PP -que sigue sin concretarse en nada cuatro años después del inicio de su instrucción-.

Flix

Se da la circunstancia además de que Azahara Peralta ha sido acusada en la Audiencia Nacional de participar en el desvío de casi un millón de euros públicos de la obra de la que era responsable, la descontaminación del embalse de Flix.

Como publicó este diario este jueves, la jefa de Peralta, Gabriela Mañueco, investigada en el caso, ha presentado una denuncia en la que desvela pagos a empresas como el Instituto Cerdá o la agencia Bassat & Ogilvy firmados por Peralta a cuenta de sobre costes de la obra de Flix cuando ya estaba terminada y por conceptos que nada tienen que ver con la obra. En total, casi un millón de euros.

La denuncia fue presentada en diciembre de 2017 y el magistrado ha solicitado mediante providencia de abril de 2018 una investigación al respecto a la UCO y al IGAE.

Nada se sabe de esas investigaciones, ahondando en la idea de que el caso Acuamed está investigando el pago irregular de sobre costes a cambio de sobornos en la etapa de Gobierno del PP mientras se guardan en un cajón las denuncias que desvelan irregularidades cometidas en la etapa de Gobierno del PSOE.

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