Acuamed frena la readmisición de un directivo afín a la denunciante del caso tras desvelarlo OKDIARIO

Acuamed, empresa pública gestora de las desaladoras del Mediterráneo, dependiente del ministerio de Teresa Ribera, ha frenado la readmisión en la empresa de Vicente Botella, directivo que declaró en la Audiencia Nacional a favor de una de las denunciantes del caso, Gracia Ballesteros, después que este diario publicara las intenciones de la compañía.

El pasado sábado, 24 de febrero, este diario alertó de la inmediata reincorporación a la empresa pública presidida por Francisco Baratech y controlada por Ribera, del técnico Vicente Botella, despedido en 2014 en una reorganización interna. Estaba previsto que el mismo lunes 26 de febrero se reincorporara a la delegación de Valencia, donde trabajó en el pasado a las órdenes de Gracia Ballesteros.

Pero la publicación por este diario de la noticia ha frenado esa reincorporación. «Teníamos el ordenador y el despacho preparado y nos avisaron el lunes de que, de momento no venía», explican fuentes conocedoras de la situación. «Ballesteros y Antonio Alvar Alcaraz, jefe de Valencia y que llevó el proceso de selección, se la habían colado a Baratech y a la ministra», aseguran estas fuentes.

Botella se iba a reincorporar a Acuamed este lunes 26 después de hacerle un gran favor a la que fue su jefa, Ballesteros, una de las tres denunciantes en 2014 del caso, que sigue en fase de instrucción en la Audiencia Nacional. Ballesteros acusó a la ex cúpula de Acuamed de inflar los precios de las obras para favorecer a algunas constructoras a cambio de regalos como entradas de fútbol.

Mientras se investigan esas acusaciones, este diario publicó en junio de 2019 el contenido de un correo electrónico de Botella dirigido a su en ese momento jefa Ballesteros, en el que le aseguraba que «según conversación telefónica y conforme a tus indicaciones he procedido a subir la puntuación de la empresa UTE Contratas Vilor-Instalaciones Eléctricas López. Para que cuadrase con el resto de ofertantes, he tenido que eliminar/cambiar algunas frases del texto de Contratas Vilor y he tenido que subir en el apartado de mejoras a la UTE Copcisa-Innovía de 1,00 a 1,50».

«De esta forma la UTE no queda eliminada en el concurso y la puntuación técnica expandida total quedaría: Copcisa-Innovía, 20,00; Ofiteco-Sice, 18,86; Contratas Vilor-López, 13,14», decía Botella a Ballesteros. La respuesta de Ballesteros fue «inaceptable tu correo, no te entiendo», y le citaba para verse en persona el jueves siguiente en Valencia.

Pese a su «inaceptable correo, no te entiendo», la obra fue adjudicada a Contratas Vilor con la puntuación exacta que se decía en el correo electrónico.

Tras la publicación del contenido de ese correo, la ex cúpula de Acuamed acusada por Balleteros pasó al ataque y presentó una denuncia contra ella precisamente por hacer eso de lo que acusaba a sus ex jefes: alterar un concurso público para favorecer a una empresa concreta, la constructora valenciana Contratas Vilor.

El juez llamó a declarar como testigos a Botella y a Ballesteros y tras escucharles, abrió una pieza separada que duerme el sueño de los justos en un cajón de la Audiencia Nacional, con el apoyo de la Fiscalía. En su declaración, Botella aseguró al juez Manuel García Castellón «que no recibió ninguna orden» de Ballesteros para cambiar nada, mientras que ella aseguró que había cambiado las puntuaciones de Contratas Vilor porque estaban «desordenadas».

Ahora, cuando Acuamed está llevando a cabo algunas contrataciones por la decisión de Pedro Sánchez de apostar por nuevas desaladoras y por levantar parques fotovoltaicos para nutrirlas de electricidad y rebajar el recibo mensual, el nombre de Vicente Botella era uno de los elegidos para volver a la delegación de Valencia. El proceso de selección lo ha llevado Antonio Alcaraz, responsable de la delegación de Valencia y cercano a Ballesteros, según explican fuentes internas.

Precisamente la decisión de levantar parques de renovables junto a las desaladoras para reducir la factura de la luz ha provocado ya algunos problemas. Este domingo está convocada una manifestación de vecinos y agricultores de San Miguel de Salinas (Alicante) para protestar por la intención de Acuamed de construir un parque solar para dotar de electricidad a la desaladora de Torrevieja.

El problema es que ese parque ocupará más de 200 hectáreas de suelo agrícola de este municipio, los más fértiles de la zona.