Acuamed readmite a un directivo que declaró en el juzgado a favor de una de las denunciantes del caso

Nuevo escándalo en Acuamed, la empresa pública que gestiona las desaladoras y que depende del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera. La dirección de Acuamed ha decidido volver a contratar -fue despedido en una reorganización interna en 2014- a Vicente Botella, directivo de la compañía que salvó con su declaración ante el juez que investiga este supuesto caso de corrupción a Gracia Ballesteros, una de las tres denunciantes del caso que ha sido posteriormente demandada por favorecer supuestamente a una empresa, Contratas Vilor.

La secuencia de hechos es la siguiente. Ballesteros, una alta ejecutiva de la firma, denunció ante la Fiscalía Anticorrupción en 2014 a la ex cúpula de Acuamed por supuestamente favorecer a constructoras inflando los precios de los contratos a cambio de regalos como entradas de fútbol, lo que dio origen a la Operación Frontino o caso Acuamed. La investigación sigue en fase de instrucción en la Audiencia Nacional diez años después y, en este tiempo, la ex cúpula de Acuamed acusada ha pasado a defenderse y ha denunciado a su vez a Ballesteros por hacer supuestamente lo mismo de lo que acusaba a sus ex jefes: favorecer a diversas constructoras.

Una de esas denuncias contra Ballesteros se produjo en 2019, después de que este diario publicara el contenido de un correo electrónico del 7 de enero de 2014 de Vicente Botella a Gracia Ballesteros, en ese momento su jefa, en el que le decía que «según conversación telefónica y conforme a tus indicaciones he procedido a subir la puntuación de la empresa UTE Contratas Vilor-Instalaciones Eléctricas López. Para que cuadrase con el resto de ofertantes, he tenido que eliminar/cambiar algunas frases del texto de Contratas Vilor y he tenido que subir en el apartado de mejoras a la UTE Copcisa-Innovía de 1,00 a 1,50».

«De esta forma la UTE no queda eliminada en el concurso y la puntuación técnica expandida total quedaría: Copcisa-Innovía, 20,00; Ofiteco-Sice, 18,86; Contratas Vilor-López, 13,14», decía Botella a Ballesteros. La respuesta de Ballesteros fue «inaceptable tu correo, no te entiendo», y le citaba para verse en persona el jueves siguiente en Valencia.

Contratas Vilor fue finalmente la adjudicataria de esa obra con la puntuación exacta que se pone en el correo electrónico y Vicente Botella no fue despedido en ese momento de Acuamed. Tras la publicación de este correo en este diario, la ex cúpula de la empresa pública acusada por Ballesteros presentó una denuncia contra ella por manipular un concurso público y favorecer a una empresa en concreto. El juez llamó a declarar como investigados a Ballesteros y a Botella en 2019.

Ballesteros aseguró que cambió la puntuación de Contratas Vilor, que en un primer informe del ingeniero Vicente Botella había sido eliminada por no llegar a la puntuación mínima, porque su proyecto era similar al de los otros dos oferentes «pero estaba desordenado». Mientras, Botella aseguró ante el juez que no recibió ninguna orden de Ballesteros para cambiar la puntuación. Tras escucharles, el juez abrió una pieza separada que duerme el sueño de los justos en un cajón del juzgado ante la inactividad de la Fiscalía de Pedro Sánchez.

Esa declaración a favor de Ballesteros por parte de Botella, pese a lo escrito en ese correo electrónico, ha ayudado a que la pieza separada no avance. Ahora, Acuamed ha decidido volver a contratar a Botella ante el incremento de la plantilla de la empresa pública por la decisión de Sánchez de hacer más desaladoras y levantar campos fotovoltaicos en las ya existentes para nutrir a las centrales de electricidad y reducir la factura de la luz.

Se da la circunstancia de que el proceso de selección por el que Botella ha sido vuelto a contratar para Acuamed en la delegación de Valencia lo ha dirigido Antonio Alvar Alcaraz, gerente de la empresa en esa comunidad autónoma y hombre cercano a Gracia Ballesteros, según explican fuentes internas.

Mientras, el caso sigue su lento curso en la Audiencia Nacional bajo la batuta de Manuel García Castellón, sin que la UCO haya acreditado el pago de un euro a la ex cúpula de Acuamed por parte de las constructoras. Se trata sin duda de un tema menor de entre los que se están investigando en estos momentos, pero fue utilizado por Sánchez en la oposición para castigar al PP de Mariano Rajoy a cuenta de la corrupción.