Los acreedores de Abengoa intentarán vender los activos viables y llevarán a liquidación el resto

La negativa de la SEPI a conceder el rescate a Abengoa supone la retirada de la oferta de Terramar y la aboca al mayor concurso de acreedores de una empresa industrial en la historia de España, con 5.800 millones de pasivo. Los bancos y fondos que tienen el grueso de la deuda descartan la entrada de otro inversor y se niegan a poner 300 millones en avales sin la garantía de Cesce -ésta decae sin el rescate- y a asumir más quitas, por lo que su intención es vender los activos productivos que tengan valor y llevar a liquidación el resto, según fuentes conocedoras de la situación.

Lo único que falta por saber es cómo se aplica la Ley Concursal, porque hay dos posibilidades. La primera es que las filiales integradas en Abenewco1 -las que habían pedido el rescate- se sumen al concurso de acreedores en que se encuentra la matriz (Abengoa S.A.) desde febrero de 2021, y esta venta y liquidación se produzca en este marco. La segunda es intentar dejar fuera del concurso las filiales viables para tratar de venderlas y sólo pedir la protección judicial para las inviables.

Las filiales que habían solicitado el rescate de 249 millones denegado por la Sepi son Abengoa Energía, Abener Energía, Abengoa Agua, Inabensa, Abengoa Operación y Mantenimiento, y Abengoa Solar España. En principio, había solicitado la ayuda Abenewco1, pero el asesor jurídico de la Sepi (PKF Attest) lo descartó por problemas legales -está domiciliada en Luxemburgo- y la tuvieron que pedir las filiales individuales.

Ahora, los acreedores quieren estudiar cuáles de estas filiales pueden tener interesados en su compra, o bien en sus activos, y cuáles no tienen más remedio que liquidar. Las que tienen más potencial son las relacionadas con la energía renovable, siempre según las fuentes. La idea es contratar a bancos de inversión que lleven a cabo un proceso de prospección de la posible demanda, según las fuentes.

Dudas sobre su viabilidad y problemas anteriores al covid

La Sepi ha justificado su negativa en que «no se garantiza el cumplimiento del plan de reembolso del apoyo Estatal», algo de lo que ya había alertado el asesor financiero del holding público, Grant Thornton, como adelantó OKDIARIO. En concreto, cita el riesgo de litigios por importe de 1.000 millones de euros y contingencias fiscales de otros 2.000 millones. Asimismo, alega que ni siquiera está claro qué sociedades se beneficiarían del rescate: «No abarca ni las sociedades que están aguas arriba ni las casi 300 sociedades que están fuera de España».

Asimismo, sostiene que no ha quedado acreditado «que el problema en su solvencia obedezca al impacto del Covid aunque pudiera haberlo». Esta justificación se basa en que la empresa ya tuvo que ser rescatada en 2017 por los acreedores, que tuvieron que asumir fuertes quitas de hasta el 90% y, en algunos casos, poner dinero nuevo para permitir la continuidad de la actividad.

Este argumento choca con otros rescates públicos de empresas cuyos problemas son muy anteriores a la pandemia, como Duro Felguera y Plus Ultra. En estos casos no se puso ninguna objeción a que estas empresas también se hubieran salvado in extremis de la quiebra (caso de la compañía asturiana en 2018) o que nunca hubieran ganado dinero, como la aerolínea de capital venezolano.