tres meses más

Acciona fuerza la prórroga de la instrucción del ‘caso Acuamed’ tras siete años de investigación

FCC Acciona
FCC y Acciona cogen aire en Acuamed.
Carlos Ribagorda

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el llamado caso Acuamed, Manuel García Castellón, ha aceptado la petición de Acciona -a la que se han adherido otros procesados en la causa- y ha decidido prorrogar tres meses más la instrucción de un caso que ya acumula siete años de investigación -desde abril de 2015-. Otros procesados en el caso se sienten perjudicados por esta larga instrucción y por las sucesivas prórrogas, y valoran como responder a la actitud de Acciona.

La constructora que preside José Manuel Entrecanales ha pedido al juez más tiempo para finalizar su peritaje sobre las obras de la desaladora de Torrevieja, uno de los contratos bajo sospecha del caso -se investiga un supuesto trato de favor de la ex cúpula de la empresa pública a algunas constructoras a cambio de regalos como entradas de fútbol-. La fiscal, Inmaculada Violán, pidió hace ya varios años que se peritasen cinco obras para certificar el coste de la obra y poder acusar a la ex cúpula de inflar los precios y causar un daño al erario público, algo que no ha podido hacer en seis años.

Los peritajes ya están todos entregados, tanto los cinco de los peritos judiciales como los cuatro de parte de las constructoras. Sólo falta el de Acciona de la desaladora de Torrevieja. La constructora ha pedido más tiempo y el juez Joaquín Gadea -ayudante de Castellón-, admite en su auto del 29 de abril la petición de Acciona y deja la puerta abierta a volver a prorrogarlo si las circunstancias así lo aconsejan. «Se trata de periciales complejas y los peritos de parte -Acciona- han contado con muy poco margen temporal para confeccionar sus informes», señala el magistrado. El perito judicial entregó su informe sobre Torrevieja el 19 de octubre de 2021. 

Para otros procesados en el caso se trata simplemente de una estrategia judicial de Acciona que busca retrasar todavía más el fin de la instrucción y el inicio de un posible juicio oral -si el juez decide no archivarlo-. Se sienten perjudicados por esta prórroga y valoran cómo responder jurídicamente.

Acciona ya pidió en diciembre al juez, junto a FCC, que también está procesada en este caso, que abriera una pieza separada con sus casos, algo que también fue interpretado por las defensas de otros procesados como una estrategia para retrasar el fin de la instrucción. En este caso, el juez decidió no admitir la petición de las constructoras y no abrir esa pieza separada.

Acciona, también en Valencia

Se da la circunstancia de que Acciona también está siendo investigada en un caso de corrupción en Valencia por supuestos pagos a personas cercanas a Rita Barberá, ex alcaldesa de la ciudad, ya fallecida, a cambio de la adjudicación de contratos. Según se investiga en un juzgado de Valencia, Acciona contrató a una empresa para que le ayudara a conseguir una adjudicación de una obra en 2006 y, después de conseguirla, esta empresa pagó una cantidad de dinero al cuñado de Barberá.

Así lo ha reflejado un informe de Hacienda, incorporado a la causa, en la que está procesado Luis Castilla, alto cargo de Acciona. Castilla también estuvo implicado en Acuamed, aunque el juez lo ha desimputado al considerar que no hay indicios contra él. Sí están otros directivos de la constructora de menor rango que estaban a las órdenes de Castilla.

La similitud del modus operandi de Valencia con Acuamed es clara. En el caso de Acuamed también existe un informe de Hacienda en el que desvela un sistema similar al utilizado en Valencia al constatar pagos de una empresa contratada por Acciona a una sociedad propiedad de la mujer de un alto cargo de Acuamed. La diferencia es que en este caso la fiscalía no ha investigado y no ha dado por bueno ese informe de Hacienda. Los hechos ocurrieron en 2006 -igual que en el caso de Valencia-, durante la etapa en la que gobernaba el PSOE y la empresa pública Acuamed dependía de Cristina Narbona, entonces ministra de Medio Ambiente y actual presidenta del partido. En Valencia, los implicados son del PP y sí se ha investigado el informe de Hacienda.

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