Los abogados piden al Gobierno usar sus aportaciones a la Mutualidad para calcular la pensión pública

Los abogados piden al Gobierno que las aportaciones que han realizado durante años a la Mutualidad de la Abogacía computen para el cálculo de la pensión pública que recibirán al pasarse al régimen de autónomos. Algo a lo que se niega la Seguridad Social, que ha establecido que a partir de 2027 sea obligatorio cotizar en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para todos los abogados.

Este problema deriva del Real Decreto-ley 2/2023, con el que José Luis Escrivá introducía un nuevo sistema de cotización para los autónomos por ingresos reales que preveía equiparar su aportación a la de los asalariados. Pero resulta que esta norma establecía la obligatoriedad de que los autónomos colegiados, como los abogados, tengan que darse de alta en  a partir de 2027, eliminando la opción actual de cobertura alternativa con una mutualidad.

Con la Mutualidad de la Abogacía, estos profesionales tienen un sistema de capitalización, es decir, el dinero que aportan anualmente se guarda en una cuenta (más los rendimientos que genere con el paso del tiempo) que recuperarán cuando se jubilen. Unos 70.000 abogados están adscritos a este sistema, pero recibieron estimaciones de que la pensión que les iba a quedar con este sistema era muy inferior a la que pensaba con las aportaciones que habían realizado.

Por ello, solicitaron a la Seguridad Social darse de alta en el régimen de autónomos para acceder a una pensión pública más elevada. El problema es que la mayoría no han cotizado en casi toda su vida porque preferían hacer aportaciones a la Mutualidad, porque eran más bajas y la pensión estimada, más alta.

Por tanto, lo que solicitan es que esas aportaciones computen a la hora de calcular su pensión, puesto que, de lo contrario, ésta será también muy reducida al haber cotizado muy poco tiempo a la Seguridad Social. Algo a lo que la sustituta de Escrivá en el Ministerio de Seguridad Social, Elma Saiz, se niega, puesto que ese dinero no ha entrado en sus arcas, sino en la de la Mutualidad.

Además, si aceptara, crearía un precedente muy peligroso, ya que esta situación no afecta sólo a los abogados, sino que hay otras nueve mutualidades que ofrecen la alternativa al RETA a los colegiados autónomos: procuradores, arquitectos, arquitectos técnicos, médicos, gestores administrativos, ingenieros e ingenieros técnicos.

Pagar más al Estado

Para mejorar la pensión pública, Saiz plantea incrementar progresivamente el importe de las cuotas de los mutualistas desde el 80% actual hasta el 100% de la base mínima de la escala general del RETA, para equiparar las cotizaciones de todos los autónomos. Es decir, obligará a los abogados a pagar más todos los meses a cambio de percibir una pensión algo mayor, pero que seguirá siendo muy reducida si no se computan las aportaciones realizadas a la Mutualidad durante su vida laboral.

Lo que sí está claro es que, a partir de ese año, dejará de estar vigente para los nuevos profesionales, que ya no tendrán más opción que pagar la cuota de autónomos. Algo que muchos consideran que acabará con las mutualidades, puesto que la mayoría de los profesionales no van a pagar las dos cuotas: la de la Seguridad Social y la de la mutualidad.

Enrique Sanz-Lomana, presidente de la Mutualidad de la Abogacía, sostiene que «Mutualidad sigue apostando por la defensa del modelo de alternatividad para la previsión social de los profesionales autónomos y por un sistema de colaboración público-privada con demostrado éxito histórico. Asimismo, defiende la equidad y voluntariedad con el que ejercen su función aseguradora las mutualidades sin ánimo de lucro, y, en consecuencia, el derecho de los mutualistas alternativos de poder elegir el sistema que mejor convenga a sus valores e intereses».

El grupo Mutualidad, entidad sin ánimo de lucro, es el cuarto grupo asegurador de vida en España y gestiona más de 10.200 millones de euros de más de 210.000 mutualistas que confían sus ahorros a esta aseguradora. Este martes presentó sus cuentas de 2023, en las que obtuvo un resultado después de impuestos de 85 millones de euros, más del doble de los 34 millones de 2022, anotándose el mejor dato de su historia.

En todo caso, es bien conocida la posición ideológica del Gobierno de demonizar los planes de pensiones privados y, en general, todo el ahorro para la jubilación. Inicialmente la impuso Podemos, pero los ministros del PSOE la han acogido con entusiasmo. Fruto de esta actitud es la reducción de la desgravación en el IRPF por aportaciones a planes de pensiones hasta sólo 1.500 euros al año lo que ha provocado un desplome de las aportaciones- o la creación de planes de pensiones públicos de empleo para pymes, que de momento apenas han suscitado interés.