Sánchez alardea de perdonar el AJD a los compradores de pisos pero fue el PSOE el que obligó a pagarlo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la modificación por decreto ley del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para que lo paguen los bancos y no los ciudadanos que suscriban una hipoteca. Pero se le ha olvidado mencionar que fue su partido, el PSOE, bajo mandato de Felipe González como presidente, y de Pedro Solbes como ministro de Economía, quienes obligaron a los clientes de los bancos y compradores de casas a pagar el citado impuesto.

El decreto ha sido ya aprobado este jueves en Consejo de Ministros. “Ayer habló el poder judicial y hoy lo hará el poder ejecutivo”, avisó el presidente. Y dicho y hecho: Pedro Sánchez ha torcido la mano a un Tribunal Supremo cuya sentencia no hizo otra cosa que seguir el espíritu e incluso la literalidad de la norma que impulsó en su momento González, con la firma de Solbes en el propio texto.

Como se puede apreciar en el texto de esta norma tributaria, fue aprobada el 29 de mayo de 1995. Recogía la forma de aplicar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Y se emitió con su respectivo rango de reglamento. La firma deja poco lugar a dudas sobre el autor intelectual: “Pedro Solbes Mira, ministro de Economía y Hacienda”.

El artículo en cuestión tampoco genera grandes dudas: “Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan”.
Y todo ello, que hoy se tumba con alarde de golpeo al Tribunal Supremo y con escenografía de eliminación de una injusticia, resulta que fue aprobado por el mismo partido que hoy gobierna España liderado por Sánchez.

Y, por si fuera poco, el presidente ha llevado a cabo esta modificación de los propios actos legislativos del PSOE adoptados en el pasado con prisas e improvisación: tales, que por colgarse la medalla de ser el político con más mano dura contra la banca pueden incluso ser contraproducentes para la ejecución de sus planes. Y es que el Ejecutivo ha aprobado un Decreto Ley con el que modificará la Ley reguladora del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), algo que es dudoso que se pueda hacer.

El anuncio generó malestar en la Abogacía del Estado y desató serias dudas en muchos juristas sobre las formas jurídicas que Sánchez va a emplear, puesto que su decreto podría ser incluso inconstitucional. Y es que Sánchez ha anunciado la modificación del citado reglamento. Pero ese artículo está recogido igualmente en la Ley. Y, por lo tanto, será necesario cambiar también la ley y para ello es requisito tramitar una ley -no un decreto-, puesto que afecta al deber fundamental de contribuir a las arcas públicas.

El artículo 86 de la Constitución lo establece y dice con claridad que en caso de urgencia, “el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al derecho electoral general”.
Y dentro de ellos está la contribución a las arcas públicas. Es decir, los impuestos.