Ante la brutal subida de enero: 3%

El Gobierno prohibirá que los contratos de los servicios públicos se actualicen con el IPC

PIB
(Foto: Getty/iStock)
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El Gobierno acelera la aprobación del desarrollo reglamentario de la Ley que desvincula los importes de los servicios públicos del Índice de Precios al Consumo (IPC) que fue aprobada en marzo de 2015. Según ha podido saber OKDIARIO esto afectará a los contratos que firmen las compañías con la Administración para reflejar una estructura de costes basada en la eficiencia y la buena gestión empresarial, evitando que una subida coyuntural del IPC, como la registrada en enero, genere los temidos efectos de segunda ronda y generen una pérdida de competitividad de la economía española.

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha avanzado durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados que el Gobierno aprobará un “decreto de desindexación” que desligue la evolución del IPC de los servicios públicos. Fuentes gubernamentales han asegurado a este diario que se excluyen expresamente “la negociación salarial colectiva, las pensiones y la emisión de deuda” y han avanzado que el decreto será aprobado en Consejo de Ministros el próximo viernes.

En concreto se trata del Real Decreto por el que se desarrolla la Ley de Desindexación que fue aprobada en marzo de 2015 pero que no ha pasado de este trámite legislativo, al estar el Gobierno en funciones. El objetivo de esta ley es desvincular totalmente del IPC de los precios y servicios regulados o prestados por las Administraciones Públicas, de forma que nada se actualizará según este indicador, y los encarecimientos deberán estar justificados exclusivamente por la evolución de los costes del servicio.

La Ley afecta a los sectores del transporte, telecomunicaciones, energía, servicios postales, agua, tasas, sanciones y los precios de los contratos públicos. Los beneficiados serán los consumidores de estos servicios (hogares y empresas)

Además, el Real Decreto establecerá un nuevo índice de referencia para los contratos del sector público y privado (Índice de Garantía de Competitividad), que tendrá en cuenta el diferencial de inflación de España con la zona euro y que tendrá un tope máximo del 2%, que es el objetivo de inflación que fija la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE).

El Gobierno pretende que este nuevo indicador se utilice también en el sector privado (por ejemplo para determinar la evolución de los alquileres inmobiliarios) aunque eso dependerá de los acuerdos que establezcan las partes intervinientes en el contrato.

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