La Federación vuelve a ganar otra sentencia a la Liga femenina sobre los estatutos

La Real Federación Española de Fútbol vuelve a ganar en los tribunales a la Liga Profesional de Fútbol Femenino (Liga F), después de que los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo rechacen casi en su totalidad la denuncia del campeonato contra la aprobación de los cambios estatutarios del ente federativo. La Justicia ratifica a la RFEF como el encargado de coordinar las competiciones profesionales y que son las ligas quienes deben aceptar dicha posición siempre que no se actúe de forma abusiva o ilegítima, algo que, consideran, no ha pasado.

En dicha sentencia, se desestiman los elementos principales del recurso presentado por la Liga F. El juez ratifica en su escrito que el informe favorable obligatorio que debe emitir la Liga sólo lo es si la RFEF pretende modificar elementos esenciales de la competición y no se refiere a los aspectos organizativos de la propia Federación. Además, también señala que el órgano de decisión competicional o juez competicional forma parte de la RFEF, ratificando sus competencias y apuntando que debe ser decidido por éste organismo.

La sentencia supone un nuevo revés a los intereses de la Liga F, presidida por Beatriz Álvarez. En las últimas semanas, no es la primera vez en la que la Justicia rechaza las peticiones de la competición ni de la Liga masculina, dirigida por Javier Tebas, en relación a supuestas actuaciones no ajustadas al derecho del CSD y de la RFEF.

Tras conocerse la sentencia, desde la RFEF han querido hacer un llamamiento a los clubes y al propio campeonato femenino para que se cese en la «judicialización permanente que hace la Liga Femenina de todos los temas de fútbol femenino». Consideran desde la entidad que preside Luis Rubiales que no es «una vía adecuada para avanzar en el desarrollo del fútbol femenino y para la profesionalización del futbol femenino». Además, han querido tender su mano de cara a futuras actuaciones, remarcando que tanto la RFEF como el CSD lo hacen de forma «ajustada a la vigente legalidad».