Ultimátum de Mazón a Puig y Sánchez: tomará medidas legales si se cierran los acuíferos del Vinalopó

Ultimátum del presidente de la Diputación de Alicante el popular Carlos Mazón al presidente del Gobierno valenciano el socialista Ximo Puig y al presidente del Gobierno de España el también socialista Pedro Sánchez: la institución provincial tomará medidas legales si la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) decide cerrar los acuíferos del Vinalopó. Este nuevo conflicto se suma al ya abierto por los recortes que previsiblemente sufrirá la gran infraestructura acuífera de la provincia de Alicante, la Región de Murcia y Almería que proyecta el Gobierno de España: el trasvase Tajo-Segura.

La ‘guerra del agua’ es un hecho, que afecta a la provincia de Alicante, a la Región de Murcia y a Almería. Su origen son los recortes que el Gobierno de Sánchez ultima en el trasvase Tajo-Segura y que han enervado los ánimos de agricultores exponencialmente. Están en juego más de 15.000 puestos de trabajo en un primer momento, a los que se sumarán otros miles que afectarán a la Industria, el Comercio y el Turismo.

Hasta hace poco, este era el único frente. Pero hay otro. Este último, se fundamenta en la intención de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de cerrar paulatinamente 6 acuíferos de Vinalopó. La medida choca de nuevo frontalmente contra los agricultores y regantes. El conflicto ha ido subiendo de tono. Hoy, ha alcanzado su máxima extensión.

El presidente de la Diputación de Alicante Carlos Mazón ha anunciado que su institución tomará medidas legales si se cierran esos acuíferos. Y ha acusado directamente al Gobierno de Sánchez de agitar la ‘guerra del agua’: «Si se confirma hoy el cierre de los acuíferos lo tomaremos como una declaración de beligerancia contra la provincia de Alicante», ha dicho Carlos Mazón, para advertir a continuación que «nuestra respuesta será proporcional».

¿Y cuál será esa respuesta?, la Diputación de Alicante va a utilizar «todas las estrategias» a su alcance, que no sólo se constriñen al ámbito jurídico. Además, también habrá «protestas en la calle y a todos los niveles», ha anunciado el propio Carlos Mazón.

Y ello, porque la Diputación de Alicante entiende que la declaración de sobre explotación de media docena de acuíferos del Vinalopó, el origen del conflicto, carece de criterios técnicos, se basa en datos de hace más de 20 años y las catas están mal tomadas. Pero lo que más enerva es el silencio del Gobierno de Sánchez sobre el criterio de la Diputación que sostiene la existencia de masas de aguas subterráneas que no están sobreexplotadas.

Mazón ha advertido que la actuación de la Diputación de Alicante se va a llevar a cabo, si se confirma el cierre de esos acuíferos «en legítima defensa» y que esta defensa sólo se podrá llevar a cabo con una Generalitat Valenciana con «capacidad de influir en el Gobierno de España. Algo, que no hemos visto hasta la fecha».

A todas estas críticas se ha sumado Ana Serna, la diputada del Ciclo Hídrico. En su caso, ella ha apuntado directamente a la responsabilidad de Ximo Puig en el conflicto, porque, según ha dicho, «ha demostrado que es incapaz de hacer valer los intereses de su tierra por encima de los de su partido», en materia de agua.