El PP estudia recurrir en el Constitucional el decreto valenciano anti crisis de Puig, Oltra y Podemos

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana estudia recurrir ante el Tribunal Constitucional del decreto anti crisis aprobado por el Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig y del que forman parte Compromís, cuya máxima representante es la vicepresidenta primera y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra, y Podemos, según ha anunciado hoy el presidente de los populares valencianos Carlos Mazón. El PP entiende que el citado decreto intenta «colar» medidas muy dispares que nada tienen que ver con la crisis.

Entiende, además, que el citado decreto, donde se incluyen cuestiones tan diversas como la ley de publicidad institucional, la creación de «chiringuitos» como la agencia agroalimentaria, la eficiencia energética o la calificación de interés general de los hospitales de campaña, «se salta sin justificación» el trámite parlamentario.

A los frentes judiciales que hasta la fecha tiene abiertos el Gobierno valenciano se puede sumar uno más. Y de especial gravedad. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana está analizando detenidamente el decreto de medidas contra la crisis emanado del Gobierno valenciano de Puig, Oltra y Podemos. Tiene serias dudas sobre su encaje constitucional.

El decreto al que se refiere Mazón es un texto aprobado el 1 de abril, que no contó con el respaldo legal de la Abogacía de la Generalitat Valenciana, motivo por el que no se publicó entonces en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Sin embargo, 3 semanas más tarde, el Gobierno valenciano rehizo el decreto, que entre otras cosas regula la implantación de las renovables e incluye importantes variaciones legales en distintas leyes tan dispares como la de Memoria Democrática, la de Cooperación de las Administraciones Locales o la de Ordenación Farmacéutica.

«Es un engaño a los ciudadanos, a los que perjudica. No ayuda a llegar a final de mes a familias y empresas y trata de blanquear una política que hace aguas por todos lados», ha valorado hoy Mazón. Por ello, el Partido Popular va a solicitar un nuevo informe de los servicios jurídicos de la Generalitat sobre el citado decreto: «Para hablar de memoria histórica o de chiringuitos hay un canal legal: los presupuestos de la Generalitat», según ha explicado también Mazón.

Pero además, el PP entiende que se trata de un decreto sin habilitación legal de medidas extraordinarias y de urgente necesidad: «Nos preguntamos qué tiene que ver la guerra o la situación de las familias con la modificación de la ley de publicidad institucional, la creación de chiringuitos como a Agencia Valenciana de Control Alimentario o calificar de interés general los hospitales de campaña», ha insistido al respecto Mazón, que ha puesto de relieve que el decreto no hace mención a la reducción del gasto público, al recorte de asesores ni a la renta valenciana de inclusión. Ni tampoco a la reducción de las tasas, cuya suspensión reclama el PP.