La Ley de Concordia valenciana reconoce como víctimas a los religiosos asesinados bajo el Frente Popular
La Ley de Concordia de PP y Vox sostiene que: "Las víctimas fueron y son víctimas con independencia del lugar donde cayesen"
La Ley de Concordia valenciana de Partido Popular y Vox reconoce también como víctimas a los religiosos asesinados y perseguidos bajo la coalición de izquierda que ganó las elecciones en España en febrero de 1936 y que se denominó Frente Popular. Una coalición de la que formaban parte, entre otros, los socialistas y los comunistas. En esa ley los religiosos que fueron perseguidos o asesinados en el espacio que transcurrió desde esas elecciones de febrero de 1936 hasta 1938, que es el periodo que abarca el gobierno del citado Frente Popular, son considerados también como víctimas.
El Frente Popular es la coalición electoral conformada por partidos de izquierda, como el PSOE y el Partido Comunista entre otros, que ganó las elecciones de febrero de 1936. Esas elecciones fueron las últimas, antes de la Guerra Civil. Su gobierno abarca una parte de la contienda, también. En concreto, hasta 1938.
Casi 7.000 religiosos perseguidos y asesinados
Según los cálculos en que coinciden varios historiadores. Los religiosos perseguidos y asesinados en la Guerra Civil ascienden a casi 7.000. De ellos, 13 obispos, 4.184 sacerdotes seculares, 2.365 religiosos y 283 religiosas, en cifras del estudio publicado en 1961 por Antonio Montero Moreno. A todas esas víctimas, se suman, según otras fuentes, los 3.000 laicos que fueron igualmente represaliados por motivos religiosos.
La Ley de Concordia valenciana incluye, pues, a los religiosos que hubieran sido objeto de persecución o muerte en todos los frentes de la Guerra Civil, así como los que sufrieron persecución por sus ideas en el franquismo.
Así, el artículo 1 de la Ley de la Concordia de PP y Vox en la Comunidad Valenciana reconoce «a todas las víctimas de violencia social, política, del terrorismo o la persecución ideológica o religiosa acaecidas en el territorio de la Comunidad Valenciana durante el periodo histórico comprendido entre 1931 y hasta nuestros días».
Sánchez quiere llevar la Ley de Concordia al Constitucional
La Ley de Concordia de PP y Vox es una de las cinco que el Gobierno de Pedro Sánchez estudia denunciar ante el Tribunal Constitucional, sin que el texto legal iniciado ni siquiera la tramitación en las Cortes Valencianas. Es decir, que lo que a día de hoy, el Gobierno de Sánchez podría denunciar al Constitucional es una serie de borradores de ley.
En el caso que nos ocupa, la nueva secretaria general de los socialistas valencianos Diana Morant ha manifestado este lunes que a juicio del Ejecutivo de Sánchez: «Concordia no puede ser defensa del franquismo frente a la democracia».
Sin embargo, la Ley de Concordia está muy alejada de ser un texto de defensa del franquismo, que no existía en 1931 ni hasta el final de la Guerra Civil. Pero, además, se da la circunstancia de que la exposición de motivos de la citada ley es un continuo llamamiento, precisamente, a la concordia, que considera que: «Las víctimas fueron y son víctimas con independencia del lugar donde cayesen».
Lo último en Comunidad Valenciana
-
Baldoví corrige su currículum ‘fake’ descubierto por OKDIARIO: pasa de «licenciado» a «diplomado»
-
Dos muertos tras caer una avioneta en picado en Valencia
-
Dimite un concejal del PSOE de Catarroja, en Valencia, investigado por la agresión sexual a un menor
-
Mazón reabre el viaducto de Cheste: la penúltima carretera en obras de las 18 que asoló la DANA
-
Un alcalde del PSOE delega su cita con Mazón por la DANA tras aleccionar Morant a sus ediles
Últimas noticias
-
Los mejores microondas del 2025: análisis, ventajas y cuál elegir
-
Toni Acosta revela la adición que ha dejado atrás y todo el mundo dice lo mismo
-
El insólito precio que ha pagado Mario Casas por la villa de lujo en la que pasa sus vacaciones
-
Sánchez dispara la presión fiscal: los españoles destinan 228 días de su sueldo al pago de impuestos
-
Esta es la razón por la que el gol de Julián Álvarez contra el Espanyol debió ser anulado